SAN FERNANDO
Costas podría comenzar el derribo de las casetas de la Casería desde la próxima semana
A partir del martes 8 de febrero, Costas podría iniciar el desalojo e inminente demolición de las casetas destinadas a la pesca tradicional en la Casería
Tal y como afirma el Ayuntamiento de San Fernando, Costas excluye de esta notificación de demolición a los dos negocios hostelería
El Consistorio reclama la paralización de la orden hasta que se responda a la declaración de BIG o hasta que se autorice el retranqueo de las casetas
Se cumplen quince meses desde que, el 26 de octubre de 2020, la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico acordó el inicio del procedimiento de recuperación posesoria del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) del «núcleo de casetas y otras construcciones existentes» en la playa de La Casería (San Fernando). El precedente se remonta a 2002, cuando comenzó a notificarse la apertura de expediente a los propietarios de estas construcciones consideradas ilegales.
Costas dictó –primero el 11 de diciembre y finalmente el 15 de enero– un total de 64 resoluciones que acuerdan la recuperación posesoria y afectan a todas las instalaciones de la playa de la Casería a excepción de La Cantina del Titi-El Bartolo, establecimiento que contaría con una concesión concedida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y La Corchuela-Casa Muriel, con medidas cautelares, por lo que podrán continuar con su actividad hostelera hasta finalizar ambos procesos.
Caseteros y pescadores recibieron el apoyo del resto de cañaillas y de la clase política. Recorrieron las calles del municipio y hasta se plantaron frente a la sede de Costas en Cádiz. Lamentablemente, la lucha iniciada por La Casería no ha fructificado en la defensa y conservación del pintoresco espacio isleño.
Derribos desde el martes 8 de febrero
Durante la jornada del jueves 3 de febrero el Ayuntamiento de San Fernando recibió «por sorpresa» la notificación de Costas que anunciaba «la fecha límite para el desalojo e inminente demolición de las casetas destinadas a la pesca tradicional en la Casería a partir del próximo martes », explica la regidora Patricia Cavada. No obstante, tal como asegura la alcaldesa, Costas excluye, «de momento», de esta notificación de demolición a los dos negocios hostelería .
Desde el Consistorio isleño lamentan que «una vez más se tome una decisión como esta de espaldas, sin el acuerdo con este Ayuntamiento y sin contestar a la declaración de interés público solicitada por la administración local y sin esperar a que sea resulta la petición de solicitud de retranqueo y nueva ubicación de las casetas para los aperos de los pescaderos que hemos solicitado. No compartimos estas formas de proceder, no son las formas ».
Según indican, para completar la reubicación de los caseteros el Ayuntamiento necesita la autorización «que pasa antes por la Junta de Andalucía y por el Gobierno de España». Por este motivo, Patricia Cavada ha realizado una reclamación instando a que «se suspenda de manera radical toda demolición hasta que se resuelva la declaración de interés público o, como mínimo, hasta que se cuente con la autorización que hemos pedido para poder retranquear las casetas».
Las demoliciones se remontan al 27 de mayo de 2021, cuando la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico presentó el borrador inicial de este proyecto regenerador en La Casería. Según este documento, los chiringuitos y las casetas tendrían que ser retranqueados 58 metros, coincidiendo con el fin del límite en el cual Costas ejerce potestad.
En su lugar, Costas propuso la creación de una zona verde, un paseo marítimo sostenible que partiría desde el nacimiento de la propia playa hasta el Cementerio de los Ingleses, la demolición del antiguo embarcadero de la zona de Santa Bárbara, habilitar aparcamientos fuera de la zona ambiental y un área de esparcimiento y uso público en las zonas restantes colindantes al entorno.
Las actuaciones también se centrarían rellenar con arena el litoral que separa al mirador de La Casería del comienzo de la plataforma del Club Náutico. Una superficie total de más de 11.000 metros cuadrados que deberán ser cubiertos. El inicio de los trabajos se retrasaría hasta el cierre de los contenciosos abiertos con los chiringuitos y el coste de estos se esperan que no superen el millón de euros.
Se daban los pasos para que Costas se pronunciase sobre la fecha de los derribos que se producirán entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero. Los pescadores y caseteros recibieron la resolución judicial y están obligados a abandonar las infraestructuras antes del comienzo del periodo establecido para la demolición.
Nuevos módulos y Declaración de BIG
El 13 de octubre el Ayuntamiento de San Fernando hacía público el acuerdo alcanzado con la Asociación de Pescadores Artesanales Playa Casería de Ossio para la instalación de módulos destinados a la pesca retranqueados fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre.
Aunque esta solución alternativa al conflicto permitirá mantener la actividad económica de los pescadores, se desconoce cuándo se podrá hacer uso de estos cuartos de aperos y el tiempo apremia. Tal como indica el Consistorio, la pelota está en el tejado de la Junta y del Gobierno central.
Asimismo, el Ayuntamiento de San Fernando comenzó, el 12 de diciembre de 2020, el trámite para para iniciar el expediente por el que solicita la legalización de los establecimientos e instalaciones ubicadas en la playa de la Casería de Ossio mediante la declaración de interés público. En la actualidad, esta sigue siendo la única opción capaz de paralizar los derribos de las casetas.
El Consistorio así lo notificaba a la Demarcación de Costas y a la Junta de Andalucía (Servicio de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible), a los que ha entregado la memoria «justificativa de la singularidad de este espacio», al tiempo que les requirió los informes favorables necesarios para avanzar en la tramitación. Desde el Gobierno local lamentaban «no haber recibido respuesta».
Costas contestó a las declaraciones procedentes de la Delegación de Medioambiente de la Junta de Andalucía espetando que, el pasado 30 de diciembre, fue reenviado el requerimiento a la Junta de Andalucía al considerarse como la única competente y responsable para otorgar el título de BIG (Bien de Interés General). Asimismo, el traslado de documentos hacia la Junta fue igualmente notificado al Ayuntamiento de San Fernando.
