La Junta cierra sin sanciones la investigación de los expedientes tirados a la basura en San Fernando

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha informado este lunes en Cádiz de que la investigación que se había abierto para esclarecer el caso de la aparición de decenas de expedientes judiciales en contenedores de basura en San Fernando ha terminado «sin sanciones», ya que finalmente, «no se ha encontrado a ninguna persona que pudiera parecer responsable» de lo ocurrido. Además el consejero ha aclarado que cuando sucedió se pudieron recuperar todos los documentos.

En este sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha añadido que no había entre los hallados en la basura «ningún papel o documentación sensible que afectara a los procedimientos» .

Cabe recordar que la Junta de Andalucía solicitó abrir una investigación sobre la aparición de estos expedientes judiciales de los juzgados de San Fernando en contenedores de basura en plena vía pública.

El inusitado hecho ocurría abril cuando se estaba efectuando el traslado de los juzgados isleños a su nueva ubicación en la avenida de la Marina, junto a la plaza del Carmen. Esta negligencia sobre la Ley de Protección de Datos ensombreció en parte esa buena noticia para San Fernando.

Entre el material desechado, que los vecinos pudieron ver en la basura aquella noche había citaciones judiciales, fichas de detención policial, pruebas como las conversaciones de procesados en intervenciones telefónicas, fotografías de contenido muy sensible, citaciones sin abrir, o incluso, fotografías de un presunto delito de malos tratos a una menor.

Ante tales hechos, la Junta de Andalucía y el TSJA solicitaron que se abriera una investigación «hasta las últimas consecuencias» por estos hechos «graves» en los que se veían vulnerados los derechos de las personas. Aseguraban además que pedirá que se actúe «con rigor» para depurar las responsabilidades existentes. «Existe una obligación importante de custodiar este tipo de documentos y llegado el caso, y si no se toman las medidas necesarias, la misma Delegación del Gobierno presentará la denuncia correspondiente», advirtieron.

La hipótesis que se manejó es que los documentos se encontraban en una sala almacenados y que, durante el trasiego de la mudanza, o quizá aprovechando esta circunstancia, alguien consideró que podían tirarse sin más, sin tener en cuenta el protocolo habitual de expurgo que se tiene que seguir en estos casos y que pasa por destruir completamente todos los papeles que se vayan a desechar o, en otros casos, enviarlos a las empresas que se encargan de su archivo protegido. Por tanto, se cree que ocurrió a última hora de la tarde cuando en los juzgados no se encontraba ninguno de los tres letrados de la administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) que hay en esta sede y que son los encargados de la guardia y custodia de tales expedientes.