El Ayuntamiento de Cádiz le reclama 9.000 euros en multas de tráfico de las que no tenía conocimiento

A. M. no se podía creer lo que le estaba pasando. Este gaditano lleva tres años trabajando como enfermero en Inglaterra cuando este verano al intentar hacer uso de su cuenta bancaria se da cuenta que se encuentra embargada. De inmediato se pone en contacto con la entidad bancaria que le alude a la reclamación del Ayuntamiento de Cádiz por unas sanciones.

Es entonces cuando se entera que el Consistorio gaditano le reclamaba 9.000 euros en multas de tráfico que se remontan al año 2007, de las que nunca había tenido conocimiento ni notificación. Es más se había incluso embargado su cuenta bancaria hasta que se realizara el pago demandado.

Y a pesar de que ahora han atendido sus reclamaciones y le han dado la razón anulando las multas, mientras se resolvía el proceso ha tenido que hacer frente a los pagos exigidos tras solicitar una fracción en periodos de tiempo para poder hacerlo. «Al parecer se trataban de un par de multas por no llevar el casco y cuya reclamaciones habían ido en aumento por los intereses y demás. Yo no quería tener problema alguno y acuerdo el resolver la deuda que finalmente por una u otra cosa se reduce en unos 1.000 euros fraccionando su pago y mientras realizo las reclamaciones pertinentes».

El pone el caso en el despacho de Manuel Martos que finalmente ha conseguido la anulación de tales pagos debido precisamente a que se saltaron los pasos administrativos y de que no se realizó notificación alguna. «Yo entiendo que en estos años no hayan podido contactar conmigo puesto que estaba en Inglaterra, pero estamos hablando que son presuntas sanciones del año 2007, es decir que no debería de haber habido problema para notificármelas y no fue así».

De hecho Andrés no tenía conocimiento de tales sanciones y llama la atención no solo sobre la incertidumbre causada al no poder acceder a sus cuentas sino todos los contratiempos ocasionados, motivo por el que desde el despacho sopesan la posibilidad de reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento.

Además aseguran tener conocimiento de no ser el único caso que se ha dado y remarcan el hecho de que no se hayan producido notificaciones anteriores al respecto, lo que invalida el procedimiento.