Los productores fotovoltaicos denuncian que el Estado les debe el 40% de las primas del 2014

Los fotovoltaicos agrupados en Anpier denuncian que la Administración adeuda a 62.000 familias españolas productoras de este tipo de energía el 40% de las cantidades correspondientes a las liquidaciones de los meses transcurridos en este año. Unos pagos que, además, “aplican unos recortes de ingresos de hasta el 50% con respecto a las remuneraciones que garantizó el Estado” en la segunda mitad de la pasada década, durante la eclosión de las energías renovables. Así, “a estas alturas del año, con los recortes y los retrasos, estas familias han ingresado, de media, apenas un 35% de lo inicialmente garantizado”.

Anpier alerta de las dificultades económicas a las que se enfrentan estos productores, puesto que “deberán afrontar los pagos a los bancos de la novena cuota del año”. Unas cuotas que “se establecieron acorde con las remuneraciones fijadas por Real Decreto, y en la gran mayoría de casos calculadas por los productores siguiendo las recomendaciones del propio Ministerio de Industria”.

Anpier recuerda la campaña de captación de pequeños ahorradores llevada a cabo por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) en 2007 que, bajo el lema ‘El sol puede ser tuyo”, “establecía un escalado de planes financieros para todos los bolsillos, que recomendaba financiar el 80% de la inversión, porque los retornos estaban garantizados”.

El retraso en las liquidaciones se debe a que el nuevo sistema que ejecuta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establece un coeficiente de cobertura de pagos, que ahora mismo está situado en el 60%. De esta forma, las empresas con actividades reguladas –entre los que se encuentran los productores fotovoltaicos- solo recibirán provisionalmente este porcentaje de su retribución.

Este mecanismo ha motivado además que en los cinco primeros meses del año -último dato publicado- el déficit de tarifa reconocido se situara en 3.332 millones de euros, según la quinta de las catorce liquidaciones del ejercicio realizadas por la el órgano competencial. A ello hay que añadir “los sucesivos recortes retroactivos” aplicados en virtud de la última reforma eléctrica.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, asegura que “de esta gran mascarada se han beneficiado los de siempre a costa de 62.000 familias que, de buena fe, confiaron en la palabra del Estado”. A su juicio, “el Estado, gracias a nuestro esfuerzo, ha pretendido cumplir con el compromiso europeo de instalar energía renovable; la banca sigue cobrando las cantidades acordadas inicialmente, porque no queremos perder nuestras garantías, es decir, nuestros propios hogares; y a las compañías eléctricas tradicionales se les neutraliza la competencia que les suponía que los propios ciudadanos generáramos energía barata, puesto que el sector ha quedado destruido y estigmatizado”.