Posada reprende a la juez Alaya y le insta a dirigirse al Supremo para asuntos que afecten a diputados

El Congreso de los Diputados cegó hoy el atajo que la juez Mercedes Alaya quería utilizar para tratar de que el expresidente Manuel Chaves y el exconsejero Juan Antonio Viera declarasen en el procedimiento de los ERE fraudulentos sin tener que ceder la instrucción de esta parte de la causa al Tribunal Supremo. La Mesa de la cámara baja acordó hoy por unanimidad devolver a la magistrado los escritos dirigidos a estos diputados que ayer le entregó en su nombre la Guardia Civil al presidente del Congreso, Jesús Posada.

Los documentos –unos sobres cerrados que no se abrieron- podían contener, según fuentes cercanas al caso, un ofrecimiento de la juez a Chaves y Viera para que declarasen voluntariamente en el procedimiento. Los agentes dijeron a los funcionarios del Parlamento que los llevaron a la cámara porque, al parecer, no pudieron localizar a los interesados en sus domicilios particulares.

La declaración voluntaria es la única fórmula que tiene la juez de preguntar a estos políticos sobre la causa porque, para escucharlos como imputados, debería ceder la instrucción al Supremo, ya que están aforados en ese tribunal por ser parlamentarios nacionales.

La Mesa de la cámara baja acordó también reiterar a Alaya, porque ya le hizo la misma observación a finales del año pasado, que no puede enviar oficio oficial alguno al presidente del Congreso ni a ninguno de sus miembros porque a esta alta institución del Estado el único tribunal que tiene fuero para dirigirse es el Supremo.

Lo mismo que ha ocurrido en el Congreso está previsto que suceda en las próximas horas en el Senado, ya que agentes de la Guardia Civil también entregaron ayer en la cámara alta otro escrito judicial de las mismas características para que se le hiciese llegar al actual senador y expresidente andaluz José Antonio Griñán, a quien Alaya también considera implicado en la investigación de los ERE fraudulentos.