![](/RC/201404/02/Media/GF16OO21--300x180.jpg?uuid=62de8e78-ba77-11e3-b3cf-af45e5d3f03f)
'El látigo de Zarauz' desenfunda en la Audiencia Nacional
El excapitán Jesús Muñecas se sentará este jueves ante un tribunal para ver su extradición a Argentina, imputado por torturas en el franquismo
MADRID Actualizado: GuardarA Jesús Muñecas Aguilar le llamaban 'El látigo de Zarauz ' por la facilidad con la que sacaba la fusta a pasear. Ocurrió a finales de los años sesenta cuando era capitán de la Guardia Civil en el cuartel de esta localidad de la costa guipuzcoana. Por su malecón solía montar a caballo como si se tratara del capataz de una plantación. Iba a la caza y captura de cualquier indicio 'antipatriota' y calmaba su sed con todo lo que oliera a euskera.
Conocida su fama de duro en Madrid fue ascendido al cuartel de Tolosa, también en Guipúzcoa. Lejos de atemperar su carácter violento se incrementaron los episodios y las denuncias de sus víctimas. Amparo Abengoa, los hermanos Arrizabalaga o una menor de 16 años llamada Elísabet pasaron por sus manos, según han relatado en la querella contra el franquismo que investiga la juez argentina María Servini, dentro de una causa de justicia universal.
La titular del Juzgado de lo Criminal y Correccional federal número uno de Buenos Aires mantiene imputados por un delito de torturas en conexión con otro de lesa humanidad al citado excapitán de la Guardia Civil y al exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'.
Los testimonios que incriminan a Muñecas continuaron de Tolosa a San Sebastián, donde ingresó en el cuartel en 1976. Con su fusta a cuestas el acusado se puso bajo el mando de un comandante «con aires de grandeza» y prominente bigote. Un tipo de poco más de cuarenta años llamado Antonio Tejero Molina, con quien el acusado acabó pistola en mano el 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados. Una rebelión militar que le costaría una condena a cinco años de cárcel y el final de su sombría carrera profesional.
Tras el fallido golpe de Estado y el cumplimiento de la pena la figura de 'El látigo de Zarauz ' se evaporó. Pero no de la mente de sus víctimas, que aún prevalece muy viva entre quienes pudieron contarlo. Nio así Amparo Abengoa, quien falleció en los noventa fruto de las secuelas de las torturas padecidas, según cuenta José María 'Chato' Galante, otro querellante del franquismo en Argentina que, cosas de la vida, vive a escasos metros de Muñecas en el paseo de la Habana de Madrid.
Oposición
Cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citó en diciembre pasado al excapitán para comunicarle la orden de extradición solicitada por la juez Servini, éste apareció ante los medios tapado con una bufanda y prominentes gafas.
En su declaración como imputado negó las torturas y pidió no ser entregado a Argentina para ser interrogado. Entonces el juez Ruz, a petición de la Fiscalía, le despojó de su pasaporte y le obligó comparecer cada semana ante un juzgado. Lo que Muñecas se tomó mal y remitió una queja a la Fiscalía General del Estado contra Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia, por haberle arrojado a la opinión pública «como un delincuente» y someterle «a una pena de banquillo» por hablar a la prensa sobre su extradición.
A sus 75 años, este aragonés de Daroca pisará de nuevo este jueves la Audiencia Nacional para sentarse ante un tribunal de la Sala de lo Penal. Tres magistrados celebrarán la vista de entrega a Argentina con la presencia del implicado. La Fiscalía ya ha anunciado su oposición por tratarse de un ciudadano español y en cumplimiento de la amnistía de 1977 que perdonó los delitos cometidos durante el franquismo.
Con estos condicionantes, los querellantes, que no podrán intervenir en la vista aunque sí ver a Muñecas cara a cara, lo tienen claro: «Tenemos la seguridad de que la sala se va a pronunciar en contra de su extradición. Estos crímenes forman parte de la historia de la impunidad judicial y jamás se ha rendido cuentas a los 39 años de morir Franco», señala Chato Galante. Por su parte, la abogada Ana Messuti considera fundamental que la justicia cumpla con el derecho internacional y las convenciones contra la tortura firmadas por España, dejando en segundo plano las leyes nacionales que impiden investigar estos delitos, como defiende el Supremo.