Un millar de investigadores cobrarán hasta 6.000 euros anuales menos

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación -aprobada en 2011 y que se debería estar aplicando desde el 1 de enero de 2014- supone la rebaja salarial de 4.000 a 6.000 euros anuales a más de mil investigadores públicos, según ha denunciado hoy Francisco Javier Camarillo, responsable de Administración Central del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

"Nos tememos que tenga un efecto retroactivo y que se descuente el sueldo de los investigadores desde el 1 de enero", ha lamentado Rosa Mediavilla, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). "El propio Gobierno sabía que la merma del sueldo iba a ser inadmisible y por eso creó el sistema de sexenios, pero no sabemos cómo se aplicarán ni cuando", ha añadido. Y es que la ley contemplaba el desarrollo de un Complemento Personal Transitorio (CPT) para que los investigadores accedieran a quinquenios y sexenios y así no perdieran "hasta un 15% de su salario".

El CSIF no está de acuerdo con las medidas que está tomando el Gobierno para salir de la crisis. "España no está apostando por I+D, que es la salida más clara para salir de esta situación, que además Europa es lo que le está pidiendo al Gobierno", ha señalado Camarillo. Mediavilla ha apuntado que llevan dos años pidiendo un diálogo con el Ejecutivo antes de que llegara el momento de aplicar la ley. "El 18 de marzo la secretaria de Estado de Innovación, Carmen Vela, dijo que el Real Decreto estaba tardando en comenzar a aplicarse porque se estaba negociando con los sindicatos. Eso es totalmente falso".

Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Estado han desmentido esta información y han señalado que se está trabajando en la norma y que ningún investigador va a perder dinero. "Se va a dialogar con los sindicatos cuando se termine el borrador", han asegurado.

Sin complementos y sin productividad

Según el CSIF, la bajada salarial corresponde a una reducción de cerca de 3.000 euros en concepto de retribuciones complementarias y de otros 3.000 euros por productividad. Esto se debe a que los investigadores públicos fueron adscritos a la escala más baja de las tres que se crearon con la nueva normativa, independientemente de su trayectoria profesional. Desde el CSIF han exigido "transparencia" porque, según ellos, "el modelo está creado sin criterios, sin negociación y sin rigor". Además, Camarillo ha lamentado que la opacidad no viene solo de la Secretaría de Estado de I+D, sino también de los directores de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) que se están "negando a informar de los cambios a los funcionarios".

Los OPIs incluyen al Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).