El Gobierno se plantea elevar el interés del bono con el que pagará a la banca acreedora de las autopistas en quiebra

El Gobierno está dispuesto a introducir cambios en su propuesta inicial de rescatar a las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores a cambio de que todos los actores implicados acepten una quita del 50% en la deuda de 4.600 millones de euros que arrastran aquellas. La principal modificación sería mejorar las condiciones de los bonos a un plazo de 30 años y con un interés del 1% con el que tenía previsto resarcir al medio centenar de entidades financieras que tienen créditos pendientes de pago con las concesionarias implicadas en este problema, entre ellas varias firmas extranjeras que se han llegado a plantear el recurso a un arbitraje internacional si el acuerdo final no les resulta satisfactorio.

Los seis grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Bankia), que ya dieron el viernes pasado 'luz verde' a la quita durante una reunión que mantuvieron sus responsables por videoconferencia, demandan que el tipo de su remuneración aumente hasta el entorno del 4%, en línea con el rendimiento medio que está ofreciendo la deuda soberana española. La fórmula mixta propuesta desde el Ejecutivo de ofrecerles otra cantidad variable en función del tráfico que fueran registrando las vías de pago ahora en quiebra no les convence.

"Nosotros no somos especialistas en el negocio de las autopistas ni sabemos cómo hacer que aumente la demanda de vehículos", argumentaban este lunes fuentes del sector financiero para justificar su planteamiento. "No podemos basar nuestra compensación en la hipotética mejora del tráfico que, en cualquier caso, será realmente lenta". Por eso, rechazan cualquier pago vinculado a ese capítulo. Según sus cuentas, si a los cerca de 2.100 millones de euros que recibirán en bonos -otros 200 millones corresponderían a las constructoras- se les aplicara un tipo medio del 4,25%, la quita real en función del volumen de deuda pendiente para cada entidad oscilaría entre el 60% y el 80%, es decir, más del 50% propuesto en un principio.

La otra reclamación de la banca, que en cualquier caso juega con la ventaja de no tener tantas prisas como otros actores al tener ya provisionada más de la mitad de la deuda pendiente de esas autopistas de peaje, es que los bonos cuenten con la garantía del Estado. Su pretensión es que la deuda fuera titulizada como ya ocurrió con el pasivo de las eléctricas ligado al déficit de tarifa, lo que 'blindaría' el cobro de la referida suma multimillonaria. Pero el Ministerio de Hacienda no está por la labor, a fin de evitar problemas ulteriores con la Comisión Europea (CE) ante su eventual consideración como una ayuda pública encubierta.

El vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, pidió la semana pasada a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que le informe "en detalle" antes de tomar una decisión en firme ante la posibilidad de crear una sociedad de capital 10% público que agrupe a las nueve autopistas de peaje en quiebra, dado que podría llegar a ser calificada como una subvención estatal que perturbara el funcionamiento libre del mercado. En tal caso, desde Bruselas podrían llegar a vetar esta solución o bien solicitar algunas modificaciones en ella. Para la banca, en cualquier caso, contar con un val público resulta "casi imprescindible" para abaratar los costes de emisión de los bonos.

"Una segunda quita"

Por parte de las constructoras, la discrepancia fundamental pasa por que el Ejecutivo no aplique el citado recorte del 50% sobre los 470 millones de euros que reclaman por los sobrecostes que se habrían generado en la construcción de las vías. Según fuentes del sector, alegan que esta suma ya sufrió una primera rebaja años atrás y, por lo tanto, volver a reducirla supondría, en la práctica, "una segunda quita injustificada". Asimismo, plantean que se concrete un plazo reducido para su abono: su ideal sería un año, si bien aceptarían hasta un máximo de tres si se garantizará el cobro íntegro.

En el caso de las concesionarias -en cuyo accionariado existen intereses cruzados entre constructoras, empresas de servicios e incluso algunos bancos como la nacionalizada Bankia-, su principal interés es que se les reconozca, al menos, el abono de en torno a 1.000 millones de euros de los 1.800 que han llegado a pedir para responder por las expropiaciones de los terrenos donde se levantaron las vías ahora en quiebra. Buscan, además, que el Estado les libere de ulteriores reclamaciones (por vía administrativa o judicial) de otros pagos pendientes vinculados a esas autopistas, una posibilidad a la que se oponen tanto Hacienda como Fomento, que suspendieron este lunes la reunión prevista con todas las partes implicadas para sopesar en los próximos días si aceptan las modificaciones que se les han propuesto.

Y es que la propia Pastor ha insistido en varias ocasiones en que el rescate de las autopistas de peaje en concurso no les costará "ni un euro" de más a los contribuyentes respecto a los compromisos que ya tenía suscritos con anterioridad el Estado. La titular de Fomento insistió este lunes en ese punto, al tiempo que reprochó que este sea "un problema heredado" de legislaturas anteriores ante un tráfico rodado que ha caído "enormemente" -un 33% menos que en 2006, con un 8% de caída sólo en los dos primeros de año-, que ha provocado que el valor de las vías implicadas se haya reducido a menos de un tercio. No obstante, se mostró favorable a apurar la negociación porque la alternativa "no deseada" sería afrontar "una responsabilidad patrimonial de entorno a 5.000 millones de euros" a cargo del erario público.

De llegarse finalmente a un acuerdo en los términos previstos desde el Gobierno, la nueva sociedad pública -que supondría la resurrección de la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA), privatizada en 2003 cuando aún controlaba media docena de vías de peaje- integraría los activos de nueve sociedades concesionarias: 748 kilómetros de carretera que suponen el 22% de la red de pago. Dentro de ella quedarían las cuatro radiales de Madrid, la autopista directa que lleva al aeropuerto de Barajas, la circunvalación de Alicante y otras tres conexiones de peaje: Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda y Cartagena-Vera.