El juez Pedraz desoye al Gobierno y se opone a archivar el 'caso Couso'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado archivar la causa por la muerte del cámara de Telecinco José Couso, ocurrida en Irak en abril de 2003, al entender que la reforma legislativa de la justicia universal aprobada por el Gobierno se contradice con la IV Convención de Ginebra que obliga a perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

En un auto conocido hoy, el juez acuerda no aplicar en esta causa los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la disposición transitoria única, y afirma que "la jurisdicción española si es competente" para investigar los hechos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno ha explicado que no procede el archivo del procedimiento porque "de otro modo estaríamos admitiendo la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposición de un tratado o convenio internacional vigente para España, lo cual esta proscrito".

Norma supranacional

Ese tratado que está por encima de la norma interna obliga de forma clara y terminante, según el juez, a perseguir el delito sea cual sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén. Así, según Pedraz, en el caso Couso la "solución del conflicto es evidente: el juez debe inaplicar la nueva norma. El Estado de Derecho exige la existencia de órganos independientes que velen por los derechos y libertades de los ciudadanos, aplicando imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular y controlando la actuación de los poderes públicos".

Finalmente, el juez entiende que no procede plantear cuestión de inconstitucionalidad ni conflicto de competencia a la Sala Segunda del Supremo.

Una docena de causas

Tras publicarse en el BOE la limitación de esta norma, los magistrados Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco son los encargados de dictar los autos de archivo de cada una de las causas, una vez que comprueben que se cumplen los requisitos de la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada por las Cortes. La medida limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada. El nuevo artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular, para limitar su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

De esta forma, la Audiencia Nacional archivará causas como las relativas a la muerte de Couso o el diplomático Carmelo Soria en Chile. También se cerrarán los procedimientos en los que se investigan los genocidios en el Tíbet, Guatemala, el Sáhara y Ruanda, el Holocausto nazi, los vuelos de la CIA, el asalto a la Flotilla de la Libertad, los ataques contra el campo de refugiados de Ashraf (Irak) y las torturas al movimiento Falun Gong.

El juez Eloy Velasco, sin embargo, ha preguntado a las partes personadas en la causa en la que investiga la muerte en El Salvador del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, si puede continuar con el procedimiento a pesar de la limitación legal. En esta causa están procesados 13 exmilitares salvadoreños a los que se atribuyó un delito de lesa humanidad, que quedaría afectado por la modificación de la norma, y los de asesinato terrorista, que permitiría mantener la investigación, según fuentes jurídicas.

Apoyo del PSOE

El diputado socialista y 'número dos' de la lista de su partido al Parlamento europeo, Ramón Jáuregui, ha asegurado este lunes que le parece "bien" que el juez Pedraz se haya negado a archivar la causa por la muerte de Couso y ha lamentado que España esté "automutilándose" en la defensa de los derechos humanos.

Jáuregui ha denunciado asimismo que con esta reforma, ya aprobada por el Congreso de los Diputados, España "está automutilándose en su capacidad de ser un Estado que defienda los Derechos Humanos en todos los ámbitos y todos los espacios". Así, ha recordado que el PSOE "ha valorado muy negativamente" los cambios promovidos por el PP para reducir el alcance de la justicia española en el ámbito internacional.