La UCO se incauta de documentación del Gobierno de Melilla

Numerosos miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, algunos de ellos desplazados expresamente desde la Península, han permanecido desde las 9.00 horas registrando diferentes dependencias municipales y consejerías de la ciudad autónoma de Melilla, así como domicilios particulares de altos cargos del Gobierno local.

Los agentes se han incautado de numerosa documentación, principalmente en el Palacio de la Asamblea, edificio que alberga tanto el Parlamento como el Ejecutivo. Además de las dependencias públicas, han sido registradas algunas empresas privadas, adjudicatarias de la ciudad autónoma y domicilios particulares, entre los que destaca el del consejero de Medio Ambiente.

Las actuaciones, según confirma la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, se encuadran en la segunda fase de la llamada 'operación Ópera', instruida por la magistrada María José Alcázar -titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 4 de Melilla- y que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones municipales, principalmente en lo referente a los contratos menores.

Alcázar ha permanecido durante casi una hora en la sede del Gobierno local y ha estado toda la tarde recorriendo los diferentes lugares que acaparan el foco de la atención de los investigadores. Después de la inspección de la magistrada, se ha requerido en los registros la presencia de los técnicos informáticos de la Ciudad Autónoma, así como de diferentes funcionarios, principalmente del área de Economía y Hacienda.

Las actuaciones procesales, en las que han trabajado al menos cinco secretarios judiciales, han causado graves trastornos en las diferentes sedes institucionales, quedando todas ellas sin red durante todo el día y permaneciendo cerrado al público el Palacio de la Asamblea, el padrón, las oficinas de información y la ventanilla única. La consejerías de Medio Ambiente y Bienestar Social también han cerrado al público como consecuencia de estos registros.

Los agentes han estado buscando de igual forma documentación en las áreas de Cultura y Festejos, Fomento, Seguridad Ciudadana y en la empresa de seguridad Eulen, adjudicataria de varios contratos pro parte de la Ciudad Autónoma.

Convocatorias suspendidas

El Gobierno de Melilla ha suspendido las convocatorias que tenía previstas para hoy, aunque el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ha comunicado a los medios que tiene constancia de un auto judicial por el que la Guardia Civil ha ido a "recoger documentos".

El auto de la juez María José Alcázar sobre la 'operación Ópera' se centra en contratos menores adjudicados a cuatro empresas de Melilla, que suman más de 4,9 millones de euros facturados a la ciudad autónoma en obras y servicios en un periodo de varios años. Las relaciones entre estas empresas y la ciudad autónoma centran una de las muchas líneas de investigación de esta complicada investigación que pretende esclarecer presuntos fraudes en numerosas contrataciones.

La 'operación Ópera' empezó en el año 2009, pero no fue hasta el 12 de septiembre de 2013 cuando se destapó el caso tras el registro de varias dependencias municipales por parte de la Guardia Civil. Ese día fue detenido el empresario A. K. A., cuya investigación por un presunto fraude fiscal originó la investigación por la posible adjudicación fraudulenta de los contratos menores.

El consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, el ex consejero Ramón Gavilán y el director económico del área, José Pastor, fueron detenidos hace cuatro meses, junto a otros altos funcionarios de la Ciudad Autónoma, y puestos en libertad con cargos, tras declarar ante la magistrada, en una investigación que sigue abierta y bajo secreto de sumario.