Europa tampoco quiere inmigrantes europeos

Mientras en España sigue sin aclararse el trágico incidente en el que murieron ahogados 14 inmigrantes, la Unión Europea emite claras señales de que sus puertas se cierran no solo para los ciudadanos no comunitarios, sino también para los propios europeos. El pasado domingo, la amenaza de represalias procedentes de Bruselas no intimidó mucho a una mayoría de suizos que aprobó en referéndum limitar la entrada de trabajadores europeos.

El resultado de Suiza ha envalentonado en la UE a prácticamente todas las fuerzas de extrema derecha, inmersas en la campaña de las europeas, que han insistido en un mayor control de la inmigración. De hecho, ya se ha procedido en varios países de la Unión a un endurecimiento de las leyes para los inmigrantes comunitarios.

La legislación de la UE establece que los europeos deben tener derecho a residir en un Estado miembro de acogida durante un periodo que no supere los tres meses sin tener que ser sometidos a ninguna condición o formalidad más que la de tener un carné de identidad o pasaporte válidos. Para las estancias más prolongadas la libertad se condiciona a no representar una "carga irracional" para el sistema de ayuda social del país de acogida. Es precisamente a esta última exigencia a la que se ha agarrado el Gobierno de Bélgica para forzar la salida de ciudadanos comunitarios. Una medida que hasta ahora se aplicaba de forma muy aislada. La justificación del Ejecutivo belga es que simplemente se limita a cumplir la ley para evitar los abusos que dice haber detectado en las ayudas sociales que perciben algunos ciudadanos comunitarios que no tienen empleo. Entre los expulsados en lo que va de año figuran ya 323 españoles junto a 800 rumanos, 400 búlgaros, 300 italianos, 300 holandeses y 200 franceses, entre otras nacionalidades.

Más allá de aplicar a rajatabla la legislación vigente, en Francia, el ex primer ministro François Fillon, de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), ha considerado como “comprensible” lo votado por los ciudadanos suizos y pidió que el Parlamento francés pueda fijar cada año cuotas de admisión de inmigrantes, acordes con los capacidades del país. Estas afirmaciones fueron precisadas y aumentadas por la exministra de Justicia Rachida Dati –eurodiputada y candidata a revalidar su escaño--, quien declaró al diario ‘Les Echos’ que “la libertad de circulación (en Europa) debe ser sometida a condiciones”. La exministra apuntó un criterio: si el PIB de dos países no es equivalente, se debería restringir la libre circulación de trabajadores para evitar lo que consideró ‘dumping social en el seno de la UE’. En términos parecidos también se ha pronunciado el primer ministro británico David Cameron.

Estos egocentrismos, sin embargo, pueden tener efectos insospechados. Tener que tragar la misma medicina que se recomienda a los demás puede resultar indigesto. Algo así le ha sucedido a la Liga Norte que ha visto como el resultado del referéndum va a tener unas consecuencias perniciosas para su feudo electoral. Muchos ciudadanos de Lombardía trabajan en Suiza y precisamente en Ticino, el cantón de habla italiana con gran presencia de emigrantes transalpinos, fue el que voto en mayor proporción (68%) contra la presencia de trabajadores extranjeros. Los dirigentes liguistas han tenido que hacer malabarismos verbales. En vez de cuestionar la consulta suiza han optado por defender a los trabajadores extranjeros que cumplen la legalidad y pagan sus impuestos. Francia también tendría que reflexionar sobre los 150.000 trabajadores que acuden a trabajar en el país helvético.

Malos presagios para unas elecciones europeas en las que las soluciones mágicas de los rancios nacionalismos de siempre parecen contar con el viento a favor de la frustración y el resentimiento.