Las CC AA del PP apuestan por dividir el currículo de la Lomce

Si el trámite para la aprobación de la Lomce fue tortuoso, el camino para implantar la normativa no será menos. Por un lado, cinco comunidades autónomas que aglutinan al 52% del alumnado escolarizado -Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias- han considerado “imposible” su aplicación el próximo curso por falta de tiempo para desarrollar los decretos normativos y curriculares. Por el otro, las comunidades gobernadas por el PP, preocupadas por la financiación de la reforma, plantearán al Ministerio en la conferencia sectorial, la aprobación únicamente de los currículos (contenido de las asignaturas y evaluaciones) de Primaria y FP Básica y aparcar las de Secundaria, Bachillerato y FP Superior ya que aún no entran en vigor.

“Venimos a consensuar un calendario correcto”, ha explicado la consejera valenciana, María José Catalá, quien ha insistido en que hay tiempo para que la Lomce empiece a aplicarse en septiembre como estaba previsto. Algo muy similar a lo expresado por el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, quien ha criticado a las cinco comunidades díscolas por lo que ha calificado como “un boicot en toda regla” y una “insumisión”. “Las leyes están para cumplirlas y hay calendario suficiente”, ha recalcado.

Por la mañana, las cinco comunidades no gobernadas por el PP han acusado al Ministerio de “improvisación” y “precipitación” a la hora de querer implantar la normativa cuando todavía no se han aprobado los reales decretos que deben desarrollar la ley, algo que no sucederá hasta marzo. Las cinco comunidades han explicado en una rueda de prensa antes de la Conferencia Sectorial que tendrá lugar esta tarde y en la que se discutirá el borrador curricular de la Lomce, han advertido que las comunidades del PP también comparten esta idea.

“No se puede implantar la ley el próximo curso. Operativamente es inviable la puesta en marcha del desarrollo normativo autonómico”, ha asegurado la consejera del País Vasco, Cristina Uriarte, quien ha recordado que las comunidades necesitan al menos nueve meses desde la aprobación de los reales decretos del Ministerio para desarrollar su propia normativa y adaptarlos.

La consejera de Educación catalana, Irene Rigau, también ha mostrado su “rechazo absoluto” a la norma y ha criticado que, tras aprobarse, “el Ministerio ha seguido trabajando con improvisación, precipitación e imposición y sin dotación presupuestaria que los cambios requieren, cambios imposibles de aplicar”. Rigau ha destacado que el resto de reformas educativas fijaban un plazo de cinco (LOE) o diez años (LOGSE).

Libros de texto

Por su parte, el consejero educativo andaluz, Luciano Alonso, ha recordado la intención de su comunidad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional y ha comentado que, aunque no serán insumisos a la ley, adoptarán medidas propias en cuanto al currículo y, así, mantendrán la asignatura de Educación para la Ciudadanía y no harán públicos los resultados de “las reválidas”. Además, ha asegurado que mantendrán la gratuidad de los libros de texto, pero solo a aquellos que “cumplan con la normativa andaluza”.

La consejera asturiana, Ana González, también ha insistido en que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce y ha acusado al Ministerio de “falta de rigor”. En concreto, González ha reconocido desconocer aún el texto que discutirán por la tarde con el ministro Wert porque siguen con modificaciones. “¿Cómo negocian con editoriales para que hagan libros de texto si todavía no sabemos lo que hay que aprender?”, se ha preguntado la consejera asturiana.

Los problemas con el calendario de implantación de la Lomce ya obligaron al Gobierno a ampliar su aplicación de dos a tres años. Durante su tramitación en el Senado, las comunidades gobernadas por el PP mostraron su temor a que la financiación prevista para la ley en las memoria económica fuese insuficiente. Una incertidumbre que no se ha despejado todavía. Estas dudas provocaron que la Lomce solo se aplicará en Primaria el próximo curso, dejando para el 2017 la implantación de las polémicas evaluaciones al final de cada etapa y retrasando hasta el 2018 el fin de la Selectividad.