El nuevo juez del caso Blesa sólo ve «sospechas y no indicios»

‘Caso Blesa’, año II. Tras casi 14 meses de idas y venidas –la denuncia que dio pie a esta causa fue presentada el 5 de diciembre de 2012 por el sindicato ‘Manos Limpias’-, la nueva investigación para esclarecer la polémica adquisición de un banco en Florida por Caja Madrid dio este viernes sus primeros pasos formales. Lo hizo con la comparecencia como imputado del principal responsable de la operación denominada ‘Palm’ y expresidente de dicha entidad financiera, Miguel Blesa. Eso sí, no hubo sorpresas en su declaración, al igual que tampoco en las que prestaron media docena de exdirectivos suyos que, a priori, pudieron jugar algún papel en aquella transacción.

Y es que de alguna forma asistimos a la reedición de un procedimiento que ya fue instruido durante el primer semestre de 2013. El problema es que los excesos jurídicos del juez anterior (el controvertido Elpidio José Silva), asumiendo la competencia del caso de forma indebida y encarcelando en dos ocasiones a Blesa (una sin fianza) sin que hubiera argumentos suficientes –hechos que le obligarán a sentarse en el banquillo de los acusados por hasta cuatro delitos continuados, enfrentándose a 40 años de inhabilitación profesional y su expulsión de la judicatura-, han minado de alguna forma la investigación y obligan al nuevo instructor, el magistrado Juan Antonio Toro, a moverse con pies de plomo.

Tanto es así, que en el auto donde rechaza adoptar medidas cautelares contra el expresidente de Caja Madrid y los otros imputados –la acusación popular había pedido la retirada de pasaporte- por no considerarlas “proporcionadas” ni “necesarias”, amén de tampoco “urgentes”, el nuevo instructor del caso deja claro que por el momento únicamente existen “sospechas” contra Blesa y sus antiguos colaboradores. Hará falta –añade- “una investigación más amplia” para “tener elementos suficientes” y que aquellas pasen a ser unos “indicios que, por ahora, no tenemos”. No obstados, todos declararon en calidad de imputados por los presuntos delitos de abuso de posición dominante y administración social fraudulenta.

El juez Toro, asimismo, advirtió a las partes personadas –la Fiscalía, las defensas de los imputados y el referido sindicato en calidad de acusación popular (UPyD también ha pedido personarse y Bankia lo hará como perjudicado en breve)- fue que tuvieran cuidado para no incurrir en nuevas nulidades como las confirmadas por la Audiencia Provincial de Madrid tras diferentes recursos de Blesa. “Partimos de cero”, fue su mensaje claro –señalaron fuentes jurídicas-, que se compadece bien con las pruebas que ya ha ordenado practicar: que el Banco de España aclare qué papel jugó y qué autorizaciones precisaba la operación, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) establezca qué perjuicios se pudieron causar a Caja Madrid y que la entidad (ahora integrada en Bankia) señale qué órganos internos conocieron el negocio y cuál fue su criterio al respecto.

Los correos de Blesa

Parte de esa información ya obraba en la otra causa, pero al declararse su nulidad es necesario volver a requerirla. Lo que sí se descarta, en principio, es la utilización de los 8.777 correos electrónicos intervenidos a Miguel Blesa, salvo casos concretos que fueran correspondientemente justificados. No en vano, algunos de esos mensajes acreditarían la insistencia de Blesa por limitar los controles sobre la compra del City National Bank of Florida, una operación que se fraccionó en dos –en abril de 2008 la compra del 83% por 927 millones de dólares (620 millones de euros) y en noviembre de ese mismo año del 17% restante por otros 207 millones de dólares (127 millones de euros)- de forma sospechosa, evitando así que se requiriera la autorización previa de la Comunidad de Madrid -la autoridad administrativa de la que dependía la caja- al no superar en ninguna de esas fases, a priori, el 5% de sus recursos propios.

Blesa incidió en ese punto ante el juez, al insistir en que no era necesario contar con su permiso, aunque negó que la transacción se hubiera dividido para eso. Según él, se obró así sólo por motivos fiscales en la declaración de la compra en Estados Unidos y para facilitar que se mantuviera el mismo presidente del banco de Florida. Añadió, además, que la operación fue aprobada por unanimidad en el consejo de administración y restó importancia a las dudas de algunos consejeros. Entre ellos destaca Estanislao Rodríguez Ponga, exvicepresidente de la caja de ahorros y secretario de Estado de Hacienda en la etapa de José María Aznar, quien llegó a pedir una valoración independiente. La acusación va a pedir su declaración como testigo.

No fue el único que puso pegas a la compra del City National Bank. También lo hicieron tanto la comisión de control de la caja, a la que Blesa –según los correos- fue dando largas, como el Banco de España, que en un informe de 2010 ponía varios peros a la transacción, fundamentalmente que el precio abonado (747 millones de euros al cambio) fue “significativamente superior” al de otras compras de bancos hechas en el estado de Florida (EE UU) por el Sabadell y el Popular. Preguntados por estas cuestiones, los otros antiguos directivos de Caja Madrid que declararon este viernes ante el juez negaron conocerlas, desde Rafael Sánchez-Lozano (exresponsable de Desarrollo Internacional e Inversiones Especiales) e Ildefonso Sánchez (exdirector general de riesgos) hasta cuatro exmiembros del comité financiero: Juan Bartolomé, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini y Luis Crespo.