Fernández Díaz: «Hay que aprender a vivir sin ETA»
El ministro del Interior insiste en que Amaiur ya no tiene "el contador a cero", pero deja claro que ilegalizar un partido político es un proceso "complejo"
MADRID Actualizado: GuardarEl ministro Jorge Fernández Díaz vive un diciembre frenético. La polémica acompaña las tres últimas iniciativas legislativas del Ministerio del Interior: la reforma de las leyes de Seguridad Ciudadana, Seguridad Privada y Seguridad Vial.
Pero sin duda, el trago más amargo y difícil de digerir para Fernández Díaz es el rechazo que ha provocado en los colectivos de víctimas del terrorismo la decisión del Tribunal Europeo de Derechos humanos de tumbar la doctrina Parot.
"Tenemos que aprender a vivir sin ETA", ha asegurado esta mañana el ministro del Interior durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. Fernández ha reivindicado el papel del Gobierno de Mariano Rajoy en la lucha contra ETA, pese al "dolor" que ha provocado entre las víctimas ver escenas como los recibimientos a los asesinos de sus familiares al salir de prisión.
Ha confesado que entiende que los familiares de los asesinados por ETA tengan la tentación de responsabilizar al Ejecutivo, algo que, a su juicio sería totalmente injusto. "ETA está derrotada y sólo tiene un camino: disolverse por las buenas, o por las malas", ha puntualizado Fernández Díaz, ante la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Ha recalcado que el Ejecutivo popular "ni ha negociado, ni negocia ni negociará con ETA", a la que, una vez más, ha dado por derrotada. "Tal vez la historia hubiera cambiado si estos terroristas, que ingresaron en la banda con 20 años de edad, hubieran sabido que iban a salir de la cárcel 30 años después acompañados de violadores y asesinos de niñas, sin haber conseguido ni uno sólo de sus objetivos", ha declamado el ministro.
Ha mantenido su advertencia a Amaiur y al resto de fuerzas de la izquierda abertzale. "Legalidad no es impunidad", ha apostillado antes de asegurar que esta formación "ya no tiene el contador a cero", en alusión a la participación de algunos de sus cargos públicos en recibimientos a etarras excarcelados. Hechos que su departamento considera como posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo, un argumento que de momento no comparte la Fiscalía General del estado.
El propio Fernández ha reconocido que "instar a la ilegalización de un partido político es una decisión muy compleja desde un punto de vista jurídico", pero ha sostenido que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil siguen recopilando pruebas.
Ley de Seguridad Nacional
Fernández Díaz también ha afirmado que salvo que lo decida el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no reconsiderará el contenido el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que cree constitucional. "Salvo que lo diga el presidente, desde luego no", ha zanjado Fernández Díaz al ser preguntado si se planteaba la retirada del anteproyecto ante las críticas que ha suscitado.
Precisamente, el ministro ha reprochado a los que critican el texto sin haberlo leído, tras lo cual ha explicado que ahora el anteproyecto está siendo sometido a examen de la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Independientemente del dictamen final, Fernández Díaz se ha mostrado convencido de que el texto no tiene tacha de inconstitucionalidad alguna y que la ley será absolutamente adecuada al ordenamiento constitucional y la jurisprudencia de los altos tribunales.
Seguridad Privada
El ministro del Interior también ha defendido que la futura Ley de Seguridad Privada proporcionará "cobertura legal" a situaciones hasta ahora reales que estaban fueran de la ley, como la actuación de vigilantes privados en urbanizaciones o zonas comerciales peatonales. Fernández Díaz se ha referido así a la futura Ley de Seguridad Privada, aprobada esta semana en el Congreso y que será remitida al Senado, y que ha suscitado polémica en torno a la actuación de los vigilantes privados en espacios públicos.
El ministro ha dejado claro que la futura norma, apoyada por CiU y PNV, no difiere sustancialmente de la vigente de 1992, y ha tranquilizado a quienes creen que se pretende privatizar la seguridad pública y sustituir a policías y guardias civiles en las calles por vigilantes privados.
"Fractura social" en Cataluña
Además, Fernández Díaz ha alertado de la "fractura social y familiar" que se está generando en Cataluña a raíz de iniciativas nacionalistas como la celebración del simposio, que están haciendo "daño" y "dividiendo" a esta comunidad autónoma.
El ministro, que aunque nacido en Valladolid reside desde los tres años en Barcelona, ha lamentado que está viendo en Cataluña algo que hasta ahora no había sucedido, "la fractura social y familiar", pues muchas familias y amigos reconocen que prefieren no hablar de política.