El ministro de Industria, José Manuel Soria. / Fernando Alvarado (Efe)
ENERGÍA

Las eléctricas no retirarán sus recursos hasta que haya un mecanismo para titulizar el déficit tarifario

El ministro Soria dice en el Congreso que si el Ejecutivo avala al agujero eléctrico de 3.600 millones no tendría por qué haber un aumento en el recibo

MADRID Actualizado: Guardar
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Las compañías eléctricas no están dispuestas a retirar sus recursos judiciales contra la orden de peajes del pasado mes de agosto hasta que el Gobierno no haya articulado el mecanismo alternativo al Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) que servirá para titulizar el agujero eléctrico de 3.600 millones de euros previsto para este año. Una condición que el Ejecutivo había puesto como paso previo “de buena voluntad” a la creación de un grupo de trabajo –compuesto por los ministerios de Hacienda, Economía e Industria, y las eléctricas- que debe definir la manera de avalar el déficit de tarifa.

Sin embargo, según diversas fuentes consultadas, las empresas eléctricas no están por la labor de cesar las hostilidades judiciales antes de tener pruebas fehacientes de que el Estado efectivamente cubrirá la emisión al mercado de esos 3.600 millones de deuda. Y la cosa puede ir para largo, porque el grupo de trabajo está aún en fase pre-embrionaria. Por otro lado, el Tribunal Supremo puede emitir, en cualquier momento, un veredicto sobre los recursos que en su día presentaron de forma individual al menos tres de las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural), y Unesa como patronal del sector, que además agrupa a Eon y Edp España.

Mientras tanto, se suceden las declaraciones contradictorias sobre si ese agujero acabará repercutiendo o no en el recibo de la luz. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que “si las eléctricas aceptan ese ofrecimiento del Gobierno, no tendría por qué haber ningún tipo de impacto ni efecto negativo en los precios”.

Sin embargo, no quedó claro si Soria se refería a un impacto inmediato. Es decir, a partir del 1 de enero, cuando el Gobierno tiene que revisar los peajes de acceso –la parte regulada del recibo-. Porque, más tarde o más temprano, la amortización de ese de déficit –ya sea titulizado con aval del Estado o no- deberá cargarse en el recibo de la luz, como en la actualidad se realiza para saldar deudas de ejercicios anteriores. Este año, esa partida ascenderá a aproximadamente 2.000 millones de euros.

Soria ha destacado que las diferentes medidas aprobadas por el Gobierno en los dos últimos años permitirán que la diferencia entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes regulados “no sólo no arrojen déficit en 2013, sino que incluso arrojarán un pequeño superávit, probablemente de algunas decenas de miles de euros”. Un cálculo realizado, eso sí, contando con esos 3.600 millones de euros que finalmente el Estado no aportará.

“Por primera vez hemos disminuido los costes de transporte, de distribución, de las actividades de generación en sistemas insulares y extrapeninsulares, y hemos modificado el sistema de incentivos a las energías del régimen especial, que era insostenible”, ha remarcado. Como consecuencia de ello, ha recordado que desde enero a esta parte el precio de la luz ha subido “un 0,9%”; frente al “63,4% de incremento que se produjo entre 2006 y 2012”. Además, Soria culpó de la deuda tarifaria –que alcanza casi los 30.000 millones de euros- a la “deficiente previsión” del Gobierno socialista, tanto en lo que respecta al PIB (un +25% entre 2006 y 2012 frente al dato real del 1%), como a la demanda de electricidad (se calculó un crecimiento del 24%, que finalmente fue del 1%).

"¿Quo vadis, ministro?"

María Luisa Carcedo, del Grupo Socialista, ha preguntado a Soria sobre el rumbo de la política energética del Gobierno (“¿Quo vadis, ministro?”), y hacia dónde le conduce el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, con sus “permanentes desautorizaciones y contradicciones”. A su juicio, el Ejecutivo “lleva dos años dando tumbos, persiguiendo un supuesto equilibrio tarifario, y por el camino ha perdido una mayor independencia energética y parte de la competitividad del sector industrial”.

Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado convencido de que la intención del Gobierno de avalar el déficit de tarifa de este año no servirá para evitar una subida del precio de la electricidad. “Sabe perfectamente que, aunque se pongan de acuerdo con las eléctricas, finalmente estos 3.600 millones fan a repercutir inmediatamente en los consumidores”, ha asegurado el diputado nacionalista, al tiempo que ha expresado su disconformidad con la decisión del Gobierno de “no incorporar en los Presupuestos esta financiación del déficit tarifario”.