El juez pregunta a las partes si debe citar como imputada a la infanta

El juez José Castro ha dictado hoy una providencia en la que pregunta a las partes personadas en el caso Nóos si debe citar «como imputada» a la infanta Cristina. El magistrado, en su resolución, da un plazo de cinco días para que Fiscalía, defensas y acusaciones particulares se manifiesten sobre si la hija menor del Rey debe ser interrogada por los «supuestos delitos contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales». Castro avisa que, en cuanto tenga en su poder esas alegaciones, decidirá sobre si interroga o no a Cristina de Borbón.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Castro podría tomar una decisión (citación como imputada o archivo) a finales de este mes de diciembre o a principios de enero.

El magistrado ha tomado la decisión de seguir adelante con el posible interrogatorio de la infanta, que nunca ha dejado de estar imputado, a pesar de la férrea oposición de Anticorrupción a este trámite. El pasado 14 de noviembre, el fiscal Pedro Horrach presentó un escrito al juzgado, que nadie le había solicitado, en el que asegurab que no hay la más «mínima apariencia delictiva» en los hechos narrados en los informes policiales y de Hacienda que revelan que la infanta tenía acceso a las cuentas de Aizoon donde se desvió supuestamente dinero público o importantes cantidades de origen desconocido. Esos papeles también indicaban que la duquesa recibía cada semana desde las arcas de Aizoon pagos de entre 600 y 700 euros; que usó la tarjeta Visa de la empresa ficticia para pagar durante siete años gastos personales; que participó en todas las reuniones de la Junta General Ordinaria de esa mercantil; y que giró facturas contra esa firma como si fuera un proveedor externo. Los mismos documentos dicen que Aizoon le pagó cursos laborales; que firmó autoalquileres ficticios; que fue miembro de la directiva del Instituto Nóos; que recibió directamente a su nombre dinero procedente de Nóos Consultoría; o que el matrimonio uso el dinero de esa sociedad fantasma para reformar su mansión de Pedralbes, entre otras supuestas irregularidades fiscales.

Ni «cooperadora»

Ninguno de estos hechos, explicaba Horrach, «constituyen elementos válidos de imputación». Es más, las actividades que relatan esos documentos no hacen merecedora a la infanta si quiera de la condición de «cooperadora» de los «delitos fiscales cometidos por su marido». La Fiscalía orillaba así los informes e insiste en que el hecho de que Cristina fuera mero «socio no administrador» de Aizoon no basta para imputarle.

Lo único que admitía el Ministerio Público es que Cristina de Borbón fuera responsable civil a título lucrativo de los delitos fiscales de su esposo. Pero hasta ahí, porque Horrach insistía en que no se puede acusar a la infanta de blanquear el dinero obtenido por Urdangarin porque tampoco hay pruebas que ella tuviera constancia del origen ilícito de esa fortuna. Es más, según el fiscal, la investigación ha descartado que la infanta «conociese los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias, receptación, falsedades documentales y delitos contra la Hacienda Pública que son objeto de imputación a su cónyuge». En su opinión, cualquier insinuación de que la duquesa, como sostiene la Audiencia Provincial, debía tener constancia de las actividades de Urdangarin son «especulaciones huérfanas de sostén indiciario» que solo «tendrían cabida en el ámbito de la rumorología», afirmaba Anticorrupción hace tres semanas. De cualquier manera, para la Fiscalía los a 17.333 euros procedentes de Aizoon que la infanta gastó en compras personales en 2008 y a los 11.124 euros que empleó en 2009 eran cantidades «ínfimas» para hablar de blanqueo de capitales.