Esperanza Aguirre declarará por escrito el 17 de diciembre en el 'caso Gürtel'

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha fijado para el 17 de diciembre la declaración de Esperanza Aguirre como testigo en el 'caso Gürtel', en la que deberá aclarar algunas de las adjudicaciones de los gobiernos que presidió a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

Teniendo en cuenta su condición de aforada, en cuanto a expresidenta, el juez le requiere que a la mayor brevedad ponga en conocimiento en qué despacho, preferentemente profesional, propone para practicarse el interrogatorio, que será por escrito y en presencia del secretario judicial.

El magistrado avisa que el secretario le apercibirá, como testigo, de la obligación de ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa criminal. Tras el apercibimiento, le hará entrega del pliego de preguntas de las partes.

Según han explicado fuentes judiciales, la declaración se realizará en una unidad de acto, en presencia únicamente del secretario, sin perjuicio de la presencia de otro funcionario y de otra persona que pueda asistir a la testigo, ajena al ejercicio del derecho.

El pasado 31 de octubre, casi cinco años después de que estallara el 'caso Gürtel', Esperanza Aguirre fue citada a declarar como testigo para aclarar algunas de las adjudicaciones de los gobiernos que presidió a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. La decisión del juez Pablo Ruz de interrogar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid después de tanto tiempo vino provocada por ella misma. Aguirre, en unas recientes declaraciones, señaló que había sido ella la que había prohibido expresamente al exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo contratar con Easy Concept, la empresa de eventos de Correa que se llevó decenas de miles de euros en adjudicaciones públicas. López Viejo, imputado por prevaricación, cohecho, malversación y delito fiscal, fue el cargo público más generoso con Correa y los suyos con contrataciones a dedo saltándose todas las normas, según recuerda el instructor.

La petición para que Aguirre compareciera fue realizada por el Partido Socialista de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, que argumento que esas declaraciones denotaban que la expresidenta regional debía tener conocimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus actos públicos.

Ruz, cuando citó a Aguirre, recordó que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que reveló la existencia en la comunidad de «un operativo de contratación pública llevado a cabo por diferentes entidades y consejerías que se habría apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia».

Ese informe apuntó que la inmensa mayoría de contratos firmados por la Comunidad de Madrid con la trama Gürtel para la organización de actos y eventos institucionales fueron irregulares. Según el estudio, un total de 15 empresas de Correa, que organizaron actos entre 2004 y 2008, cobraron al Gobierno de Aguirre un total de 6.484.080 euros gracias a 686 adjudicaciones, de las cuales 657 fueron tramitadas como contratos menores para evitar el concurso público.

Por el procedimiento de estas adjudicaciones de pequeños trabajos a dedo, la trama Gürtel consiguió más de 5,3 millones de euros.

«De forma habitual -explicaba el informe de la Intervención- el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios siempre de cuantía inferior a los 12.020 euros con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requerimientos de publicidad y concurso». Auxilio Judicial aseguraba haber «acreditado» que el Gobierno de Aguirre recurrió a la partición de contratos para poder dar a dedo las adjudicaciones a Correa en 104 actos y eventos institucionales. Según los cálculos del interventor, al menos 3,1 de los 5,3 millones, el 69% del total que cobraron las empresas Gürtel por estos trabajos, fueron fraccionados.