Las arrugas de la Constitución

Tiene 35 años de vida y algunos achaques. La crisis institucional que trajo consigo la debacle económica y la fuerte consolidación del independentismo en Cataluña han agudizado un debate que, en realidad, llevaba años abierto, el de si ha llegado el momento de abordar una reforma de la Constitución para dar respuesta a las demandas de una sociedad que no es la de 1978. El principal partido de la oposición ha puesto sobre la mesa una propuesta con tres patas, la territorial, la del modelo económico, y la de la mejora de la participación ciudadana. Alfredo Pérez Rubalcaba asegura que se acabará abriendo paso, pero el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dejado claro que no percibe consenso suficiente para adentrarse en una tarea tan compleja y sustancial.

La demanda ciudadana para un cambio, aun así, parece evidente. Los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas al respecto se remontan a enero de 2012. La creencia de que deben hacerse modificaciones, 41,5%, supera con amplitud a la idea de que es mejor no tocarla, 25,5%.

Nadie, entre las fuerzas parlamentarias, se encuentra en esa última posición. Ni siquiera el PP. El diputado Arturo García-Tizón insiste en que el inconveniente no está en que la Carta Magna deba seguir como está sino en las dificultades objetivas para no violar los ejes centrales de un articulado con el que, hasta ahora, se han sentido cómodos «las izquierdas, las derechas y los nacionalistas».

El resto de los partidos afirman en cambio que la reforma es «urgente». El portavoz de IU en la Comisión Constitucional, Joan Josep Nuet, defiende incluso que sería necesario abrir un «nuevo periodo constituyente», pero asume que mientras el PP no esté «minorizado y en la oposición» no será posible. El representante del PNV, Aitor Esteban compara la Carta Magna con una «uva pasa». Y Jordi Jané i Guasch dice que la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de 2006 marcó un punto de inflexión en la relación de Cataluña con la Constitución. Las cuestiones en torno a las cuales se centra el debate están claras. Los posibles puntos de encuentro, no tanto.

Modelo de Estado Autonomías, federaciones y autodeterminación

El PP destaca que la de 1978 es la única constitución española que logró de manera «seria y exitosa» contentar a todos, pero reconoce que no ha logrado solventar las tensiones nacionalistas en Cataluña y País Vasco. Advierte, no obstante, de la complejidad que supondría modificar el Título VIII, el referido al modelo de Estado, porque cualquier variación en la actual «foto fija» de las comunidades chocaría con presiones territoriales de incierto desenlace. PNV y CiU exigen una reforma de calado. También IU aboga por reconocer el derecho de autodeterminación en una España federal. Los socialistas dan por bueno que Cataluña y País Vasco necesitan un reconocimiento expreso de sus singularidades, incluso en materia fiscal. Pero rechazan taxativamente el derecho de secesión, algo que los distancia de sus socios del PSC.

La Corona Modernizarla o suprimirla

La posición de PP y PSOE haría difícil un cambio en la forma del Estado. A pesar de que en el principal partido de la oposición existe un claro republicanismo ideológico, la dirección del partido ha dejado claro que no está por cambiar un modelo que ha propiciado gran «estabilidad» política. Ahora bien, sí querría «modernizar» la institución y someterla a un tipo de control que hoy no permite el texto constitucional. Además, como el PP, considera necesario acabar con la primacía del varón en la línea sucesoria. Los republicanos de IU, sin embargo, afirman que el tipo de Jefatura del Estado es simplemente una derivada más dentro de su esquema de democracia, pero no necesariamente el asunto más determinante. Y desde luego no consideran su modificación una gran urgencia.

Participación ciudadana

El estallido del 15M y las protestas de los «indignados» hicieron mella en la conciencia del primer partido de la oposición. Rubalcaba ha afirmado en varias ocasiones que la reforma constitucional debería atender a la exigencia de mayor participación ciudadana en las decisiones políticas. El PSOE plantea que se pueda recurrir al referéndum para decidir sobre más asuntos y que puedan convocarse a iniciativa de un número determinado de ciudadanos con el fin de derogar total o parcialmente una ley. Con ellos coincide IU.

Estado social Austeridad o blindaje del bienestar

Los dos principales partidos de izquierda también sostienen que es preciso blindar constitucionalmente los derechos sociales y garantizar su prestación en términos de igualdad en todos los territorios. Sería tanto como poner el Estado del bienestar por encima de principios como el de la austeridad. IU dice que que eso implica suprimir el artículo 135 pactado de manera exprés por PP y PSOE en 2011.