La Audiencia Nacional no investigará a UGT

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la inhibición de las diligencias previas abiertas al sindicato UGT en favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, porque es el que está investigando el supuesto fraude en las subvenciones al sindicato.

Tras asumir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha recordado que los presupuestos competenciales de la Audiencia Nacional tienen que aparecer suficientemente acreditados, al menos a los efectos provisionales de la determinación inicial de la competencia.

Por ello, Pedraz acuerda remitir las diligencias a la juez de Sevilla Mercedes Ayala, que también investiga el 'caso de los ERE', y señala que en el caso de que la instructora vea indicios para devolver el caso a la Audiencia Nacional que lo haga.

"Procede efectivamente, como solicita el Ministerio Fiscal, acordar la inhibición de las presentes diligencias a favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por cuanto como señala de los hechos denunciados está conociendo dicho Juzgado en méritos de las diligencias previas 6344/2013", dice Pedraz en su auto. El magistrado añade que la ley dice que "los presupuestos competenciales de la AudienciaNacional", establecidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), "tienen que aparecer suficientemente acreditados al menos a los efectos provisionales de la determinación inicial de la competencia".

Así, en este caso, Pedraz observa que "en base exclusivamente a unas informaciones periodísticas -que fue lo que aportó Manos Limpias- no pueden aparecer suficientemente acreditados (...) los presupuestos competenciales, máxime si como señala el Ministerio Fiscal hay un órgano judicial investigando". El juez, sin embargo, deja una puerta abierta al retorno del caso a la AudienciaNacional, al señalar que si Alaya "observa que efectivamente se dan aquellos presupuestos competenciales acuerde rechazar la inhibición" y remitirle el caso. También plantea la posibilidad de que la juez de Sevilla siga investigando y, si a lo largo de la instrucción aparecen elementos que determinen la competencia de la AudienciaNacional, se inhiba en ese momento.

Delitos de falsedad

Manos Limpias, que decía que las conductas denunciadas podrían constituir los delitos de falsedad documental, delito mercantil, estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, afirmaba en su denuncia que UGT se queda con un 15% de las subvenciones para cursos de formación y el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES), creado por el sindicato, con otro 4%. La denuncia se dirigía contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y contra el tesorero del sindicato, Antonio Retamino.

Según los denunciantes, el IFES recibió en 2012 más de 48 millones de euros; dos de sus filiales -Formación 2020 y Localmur, dedicadas al alquiler de locales y a la intermediación en la compra de libros-, acumulan un patrimonio de 13,2 millones; y el sindicato mantiene con IFES una deuda de 23,3 millones. Para Manos Limpias, esto revela "un entramado societario opaco entre UGT, IFES y las filiales Formación 2020 y Localmur". "Este entramado de empresas, con la cabeza visible de IFES, está representada en Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja, Navarra, Murcia, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE- UGT), Federación del Metal, Federación de Transportes, Comunicación y Mar", decía el texto. Según Manos Limpias, entre los cursos hay algunos "insólitos y verdaderamente descarados", como los de "risoterapia", "control de estrés", "paquetería creativa", "arte floral" y "cortador de jamón".