Interior deja al Parlamento decidir sobre la obligatoriedad del casco en bicicleta

El Ministerio del Interior, tras la polémica suscitada, ha recapacitado y deja en manos del Parlamento la decisión de decidir si deber ser obligatorio el uso del caso para los menores que circulen en bicicleta por las zonas urbanas. Así lo anunció este jueves el titular del departamento, Jorge Fernández Díaz, durante la defensa que realizó ante el pleno del Congreso de los Diputados del proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Vial. Desde la oposición se criticó el texto presentado por el Gobierno por no estar acompañado de los oportunos "trámites legales" e informes preceptivos, por querer convetir a España en un "país prohibicionista" o por el "afán recaudatorio" del Ejecutivo con esta y otras medidas como la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Aunque el texto presentado por el Gobierno para mejorar la seguridad vial incide de manera especial en materias como el consumo de drogas, los sistemas de retención infantil o los detectores de radares móviles, el debate estuvo centrado en el casco en bicicleta y el incremento a 130 kilómetros por hora. Respecto a la primera medida, el ministro Fernández Díaz anunció que tanto el Gobierno por el Grupo Popular'popular' aceptarán "los eventuales acuerdos a los que se puedan llegar" durante la tramitación parlamentaria de la reforma.

Así, en los trabajos de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad, la mayoría de los expertos que comparecieron se manifestaron contrarios al obligatoriedad de la obligación del uso del caso para los menores de 18 años al considerar que esta prohibición desincentivaría el uso de la bicicleta en las ciudades. El diputado del Grupo de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, recordó que "la seguridad es directamente proporcional al número de usuarios" y enumeró las asociaciones de ciclistas, profesionales y amateurs, que se mostraron contrarias a la imposición, postura también compartida por los fabricantes de bicicletas y de los mismos cascos, "gente que se preocupa por extender el uso" de este medio de transporte. Incluso apuntó que, proporcionalmente, es mayor el número de conductores de coches que sufren lesiones cerebrales que de ciclista, y "por eso no se les obliga a conducir con casco".

Desde las filas nacionalistas, el diputado del PNV, Joseba Andioni Agirretxea, opinó que los ayuntamientos deberían decidir si por sus calles debe ser obligatorio el uso del caso, pero siempre en menores de 15 años. Por su parte, el parlamentario de CiU, Jordi Jané, explicó que aceptarían que fuera obligatorio para los menores de 16 años, con la excepción de los repartidores que se desplazan en bicicleta por la ciudad, que lo deberían llevar por "seguridad laboral".

Más duros con el Gobierno estuvieron el socialista Juan Carlos Corcuera y el diputado de UPyD, Toni Cantó. Para Corcuera, con la manera de presentar esta reforma, "que está destinada a dar seguridad jurídica al futuro Reglamento de Circulación", el Ejecutivo "rompe el consenso en la materia" con el que tradicionalmente eran abordados en sede parlamentaria los temas de tráfico y seguridad vial. Tras insistir que "a más bicicletas, más seguridad", el diputado socialista afirmó que para su grupo la obligacion del casco en ciudad es "desproporcionada".

Política «recaudatoria»

El otro punto destacado del debate fue el incremento de la velocidad a 130 kilómetros por hora, de determinados tramos de autovía y autopista, dependiendo de las condiciones climáticas y el estado de la circulación, lo que no está recogido como tal en el proyecto del Gobierno, que tan solo incluye un cuadro de sanciones. Así establece para el mismo baremo de multa que para circular a 120. Asi, entre 131 y 150 la sanción sería de 100 euros (50 euros si se pagan de inmediato) y no se quitan puntos; de 151 a 170 se pagarían 300 euros y serían restados 2 puntos; de 171 a 180 se abonarían 400 euros y se detraerían 4 puntos; de 181 a 190 habría que pagar 500 puntos y se perderían 6 puntos; y a partir de 191 la multa ascendería a 600 euros y se perdería también 6 puntos.

Desde UPyD, Cantó acusó al Gobierno por su "prioridad recaudatoria" con las medidas que tiene esta reforma y recordó que a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a la hora de cobrar pluses, "se les valora más una multa por exceso de velocidad, que un auxilio en carretera". "¿Por qué los radares fijos siguen sin estar en los puntos negros y no en rectas interminables". También denunció que en tres años, con el Gobierno del PSOE se bajó a 110 la velocidad máxima "para no contaminar" y con el PP "ahora se vuelve a subir". "¿No será esto un rescate encubierto a las autovías de peaje?"

Tras el debate, el pleno con los votos de PP, CiU, ERC, UPN y Foro rechazó la enmienda de devolución al Gobierno del proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Vial, mientras que la Izquierda Plural, grupo promonente, y BNG votaron a favor y PSOE, PNV, UPyD y Coalición Canaria se abstuvieron.