Hoy se aprueba la Ley de Transparencia, llamada a regenerar la política

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, llamada por el Gobierno a regenerar la política en España, se aprobará hoy definitivamente en el Congreso con los votos del PP, CiU y PNV, ya que el PSOE se descolgó del acuerdo hace meses a raíz del caso Bárcenas.

Impulsada personalmente por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ley se aplicará a todas las administraciones e instituciones públicas, así como a la Casa del Rey, los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que reciban más de 100.000 euros anuales de dinero público o cuando al menos el 40 % de sus ingresos sean subvenciones, con un mínimo de 5.000 euros.

El texto, que rechazan también la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y parte del Grupo Mixto, obliga a la Administración del Estado a publicar en un Portal de la Transparencia una ingente cantidad de información sobre sus planes, programas, actividades, presupuestos, contratos, subvenciones, organigramas y retribuciones e indemnizaciones de altos cargos.

La ley, que se ha tramitado durante más de un año, garantiza además que los ciudadanos puedan acceder a información pública adicional, si así lo solicitan, aunque con límites. Igualmente establece un catálogo de principios de actuación para los altos cargos, con sus correspondientes sanciones por incumplimiento, que llegan a la destitución y a no poder ocupar otro cargo similar durante un periodo de entre 5 y 10 años.

Para velar por el cumplimiento de la norma se creará un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que sólo será retribuido su presidente, que será nombrado por mayoría absoluta en el Congreso a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tras la aprobación de esta ley, el Gobierno tendrá tres meses para aprobar el Estatuto que regulará el funcionamiento de ese Consejo y un año para poner en marcha las disposiciones de transparencia estatales, mientras que las comunidades y ayuntamientos dispondrán de dos años para efectuar sus adaptaciones. Para el PSOE, la Izquierda plural, UPyD, Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai, la ley se queda tan corta que no merece su respaldo, mientras que para CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro es tan buena como necesaria y a juicio del PP servirá de antídoto contra la corrupción y cambiará el paradigma político en España.