Francisco Javier Martínez Izagirre, alias Javi de Usánsolo. / Archivo | Vídeo: Atlas
TRAS EL FALLO DE ESTRASBURGO

La Audiencia excarcela a otros catorce etarras

Entre ellos se encuentra un terrorista que asesinó a un niño de tres años en 1991, que esta tarde ha salido de prisión

MADRID Actualizado: Guardar
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La Secciones segunda y tercera de la Sala de lo Penal han acordado hoy "la puesta en libertad y la extinción de responsabilidada penal" de 14 de los 17 terroristas cuya excarcelación había reclamado la Fiscalía horas antes en aplicación del fallo de la corte de Estrasburgo que anuló la aplicación de la doctrina Parot. Todos son miembros de ETA.

El primero de ellos en salir ha sido Francisco Javier Martínez Izagirre, alias Javi de Usánsolo, condenado por el atentado que costó la vida al niño de 3 años Fabio Moreno Asla, que ha salido esta tarde de la cárcel Jaén II. Javi de Usánsolo, miembro del comando Vizcaya ha abandonado la prisión poco después de las 17.30 horas de hoy, según fuentes del centro penitenciario, que han asegurado que no se ha producido ningún incidente.

Francisco Javier Martínez Izagirre fue condenado a 85 años de prisión por el atentado ocurrido el 7 de noviembre de 1991 con un artefacto explosivo bajo uno de los asientos del coche del guardia civil Antonio Moreno Chica, en Getxo (Bizkaia), que causó la muerte del pequeño Fabio, así como heridas a su hermano Alexander y al propio agente.

Entre los etarras que volverán de manera inminente a la calle están el matrimonio formado por Ignacio Fernández de Larrinoa y Miren Gotzone López de Luzuriaga, condenados a más de cien años de cárcel por varios asesinatos entre 1987 y 1989. Los únicos tres terroristas que no saldrán de prisión son Andoni Muñoz, cuya salida se prevé para el 25 de diciembre, Kepa Mirena y el Gal, Ismael Miquel Gutiérrez, cuyos casos se estudiarán mañana.

La Fiscalía había pedido a la Audiencia Nacional la excarcelación de otros 17 terroristas en aplicación del fallo de la corte de Estrasburgo que anuló la aplicación de la doctrina Parot. Se trata de 16 miembros de ETA y del último activista de los GAL en prisión, Ismael Miquel Gutiérrez, jefe del comando que asesinó a un ciudadano francés, Robert Caplann, en 1985 al confundirle con un etarra. Gutiérrez ha pasado 17 años en España, aunque anteriormente cumplió once años de reclusión en Tailandia por tráfico de drogas.

59 asesinos excarcelados

Con la puesta en libertad de esta nueva oleada de presos, serán 59 los terroristas, 52 de ellos miembros de ETA, los excarcelados desde que el pasado octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos echara por tierra la doctrina Parot.

Tras la sentencia que el 21 de octubre dictó el Tribunal de Estrasburgo, que obligó a la excarcelación de Del Río al día siguiente, la Audiencia Nacional acordó el día 25 de ese mes la salida de prisión de Juan Manuel Piriz López. El 8 de noviembre el tribunal excarceló a otros nueve etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona. El resto fueron Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.

El 14 de noviembre pasado el Pleno de la Sala de lo Penal ordenó la salida de otros 13 etarras, la miembro del GRAPO Olga Oliveira y el almeriense Pompeyo Miranda. Entre los etarras se encontraban José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes'; Gonzalo Rodríguez Cordero, autor de 19 asesinatos; y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas.

El resto de excarcelados fueron Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández (preso de la denominada 'vía Nanclares') y Raúl Ibáñez Díez. Además, el 19 de noviembre, la Audiencia acordó la excarcelación de otros cuatro presos. Se trata de los etarras de la denominada 'vía Nanclares' Luis María Lizarralde Aguirre e Ignacio Recarte Ibarra, así como del miembro del 'comando Araba' Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias 'Paterra', condenado por 14 asesinatos, y el miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (Grapo) Jaime Simón Quintela. Al día siguiente fueron excarcelados Juan José Zubieta Zubeldia, condenado por el atentado contra la casa-cuartel de Vic (Barcelona) en 1991, en el que murieron diez personas, entre ellas cinco niños; y Jesús María Zabarte, conocido como el 'carnicero de Mondragón', al que se atribuyen un total de 17 asesinatos.

La Sala de lo Penal también acordó el 20 de noviembre la salida de prisión de los etarras José Ignacio Etxebarria Pascual, Javier Goldaraz Aldaya, Manuel González Rodríguez, Juan José Legorburu Gerediaga, Miren Maitane Sagastume, Joaquín Urain Larrañaga y Ramón Uribe Navarro, así como de los miembros del Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (Grapo) Guillermo Vázquez Bautista, María Jesús Romero y Encarnación León Lara.

'Privación de libertad irregular'

La mayoría del Pleno, formada por nueve magistrados, argumenta que no se podía "demorar una privación de libertad irregular" con el pretexto de esperar la decisión que debía adoptar el Tribunal Supremo cuatro días después. Los ocho jueces de la minoría creen que la sentencia de Estrasburgo es de obligado cumplimiento aunque su ejecución no debería corresponder a la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado 12 de noviembre, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.