Las víctimas de la talidomida cobrarán 20.000 euros por cada punto de minusvalía

Primera victoria en los tribunales de los afectados por la talidomida en España. Después de años de pelea, el juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid ha condenado a la farmacéutica Grünenthal al pago de 20.000 euros por grado de minusvalía de cada uno de los afectados por este principio activo. Como ejemplo, un afectado que tenga el 75% de minusvalía cobrará 1,5 millones. Sin embargo, la magistrada Gemma Fernández realiza una importante acotación: solo se podrán beneficiar de este pago por parte de la farmacéutica aquellas personas que fueron reconocidas por el Gobierno. Es decir, 24 afectados a los que hay que restar dos que ya están cobrando una indemnización por parte de la Fundación Contergan, creada por Grünenthal para atender a estos pacientes. A este fallo cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En la sentencia, la jueza se decanta por los argumentos de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), aunque les niega los 204 millones reclamados inicialmente y el pago general a todos los socios de esta organización. La jueza se acoge al Real Decreto 1006/2010 para acotar las ayudas y retirar del pago a las dos personas que ya son indemnizadas. "Respecto a estas últimas, es obvio que el daño está siendo reparado ya por la entidad fabricante de los medicamentos, por lo que no cabe atender la reclamación articulada a través de la asociación en este procedimiento ya que eso daría lugar a una duplicidad indemnizatoria injustificada y no amparable legalmente al no haberse puesto de manifiesto datos que permitan determinar que las ayudas de la Fundación Contergan son insuficientes o inadecuadas", apunta la titular del juzgado, que también da un pequeño tirón de orejas a los demandantes al señalar que no se han aportado datos sobre las lesiones de los posibles beneficiarios y "sobre su vinculación o relación causal con la ingesta de la talidomida".

También reconoce el problema del real decreto, que fija unas indemnizaciones para los nacidos desde el 1 de enero de 1960, ya que hay nacidos en "1948, 1950 o 1971", y que Avite "no haya presentado informe médico alguno, ni siquiera las resoluciones administrativas en las que se les reconocen las minusvalías de sus asociados, que podrían haber servido de pauta o base para determinar su etiología, si quiera indiciariamente".

En su sentencia, la magistrada niega casi todos los puntos de la defensa de Grünenthal, como el de la prescripción del delito. El fallo se basa en un informe de la Fundación Contergan en el que se señala que los efectos de la talidomida pueden surgir años más tarde y no tienen por qué ser malformaciones. La jueza se refiere a fallos en "el sistema nervioso, el sistema vascular o la musculatura", como la imposibilidad de extraer sangre, disminución circulatoria o debilidad muscular no propias de la edad. "Esto implica que, a pesar del tiempo transcurrido desde los hechos, en la actualidad no se tiene un conocimiento cierto, cabal, seguro, exacto y absolutamente definitivo sobre el alcance de las lesiones y secuelas producidas por la talidomida, es decir, los daños derivados de su ingesta no están plena y absolutamente determinados ni consolidados, por lo que, en aplicación de la doctrina jurisprudencial descrita anteriormente, la acción rectora del procedimiento no puede considerarse prescrita", afirma la magistrada.

Cinco décadas después

El 25 de diciembre de 1956 comenzó esta pesadilla en España. Ese día de Navidad nacía en España el primer bebé malformado. La talidomida se vendió en España, según la sentencia, a través de tres laboratorios y siete nombres comerciales diferentes, uno como representante de Grünenthal -Medinsa-, otro hoy desaparecido -Nessa- y Laboratorios Peyva. No obstante, el medicamento más conocido era el Soitenon, cuyo prospecto solo informaba de un "ligero estreñimiento".

En noviembre de 1961, la farmacéutica Grünenthal lo retiró del mercado en Alemania y el resto de los países donde lo comercializaba salvo en España, donde se siguió vendiendo hasta 1962 y en algunos lugares hasta 1965. Este principio activo provocó malformaciones en más de 20.000 bebés en todo el mundo, unos 3.000 de ellos en España. Según Avite, hay todavía entre 500 y mil personas vivas que sufren los efectos de la talidomida.