Iñigo Urkullu, durante una entrevista en la televisión. / Archivo
INFORME

España obtiene un notable bajo en materia de libertad de expresión

Un estudio de Funciva denuncia las limitaciones impuestas a las televisiones para informar en las campañas electorales

MADRID Actualizado: Guardar
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España obtiene un notable bajo (7,21) en materia de libertad de expresión. Esa es la que calificación que conceden los autores de un informe sobre la cuestión. Los expertos consideran que el ejercicio de este derecho se encuentra constreñido por la intromisión de los poderes públicos y la crisis económica.

El estudio, patrocinado por la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), refleja que la nota más alta se la lleva el alto grado de libertad para crear páginas web, un hecho que merece un sobresaliente absoluto (9,9). Sin embargo, hay factores que ensombrecen el examen. Por ejemplo, las ayudas públicas que conceden los gobiernos, especialmente los de las comunidades autónomas, a los medios de comunicación, ayudas que se conceden sin trasparencia y que crean una sombra de “sospecha”. Así lo piensa Justino Sinova, periodista que dirige el Observatorio de la Libertad de Expresión vinculado a Funciva.

Sinova no se opone por principio a estas ayudas, pero denuncia que conocer el importe y destino de estas subvenciones forma parte del derecho a la información.

El responsable del observatorio alega que otra restricción a la libertad de expresión lo constituyen las reglas que se imponen a las televisiones a la hora de informar sobe las campañas electorales, normas de las que están exentas la prensa escrita y la radio. Por este motivo, la nota que se cosecha en este apartado se aproxima al aprobado bajo (5,6).

El control político de la comunicación se revela también en la necesidad de obtener una concesión administrativa para crear una radio o una televisión. Esta licencia se justificó en su día por la limitación del espacio radio-eléctrico, pero hoy carece de sentido.

Por añadidura, la calidad del trabajo de los periodistas está mermando por culpa de la crisis económica, que se traduce en la reducción de plantillas y la precariedad del sector.

En el ámbito legal, quedan sin regular aspectos cruciales del ejercicio del derecho a la información como son la cláusula de conciencia y el secreto profesional.