Mar Blanco: «A ningún español le gustaría ver una salida masiva de presos»

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha confirmado la condena a España por aplicar la 'doctrina Parot' a la etarra Inés del Río. Una sentencia tras la cual no se han hecho esperar las reacciones.

- María del Mar Blanco, presidenta de la fundación de Víctimas del Terrorismo y María Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, han solicitado esta tarde a los ministros de Justicia y de Interior, Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández, respectivamente, que el Gobierno no acate la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone fin a la ‘doctrina Parot’, un extremo que Ruiz Gallardón ha descartado porque supondría violar el derecho internacional.

Lo que sí han logrado es el compromiso del ministro de Justicia de que se estudiará caso por caso. “A ningún español le gustaría ver la foto de una salida masiva de presos de ETA de las cárceles”, ha apostillado la hermana de Miguel ángel Blanco, concejal del PP que fue secuestrado y, posteriormente asesinado por ETA.

Ha asegurado, asimismo, que hoy ha sido un día muy duro para las víctimas y ha calificado la sentencia como un “disparate jurídico, político, ético y moral”. Ha alertado de la contradicción que, a su juicio, supone que las personas que más han vulnerado los derechos humanos en España, en alusión a los etarras, logren el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

- Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo. Ha exigido al Gobierno que no cumpla la sentencia y ha avisado de que, en caso de que lo haga, dará "una respuesta contundente" convocando a los ciudadanos a mostrar su repulsa en la calle. Ha advertido de que una derogación de la 'doctrina Parot' supondría la puesta en libertad de "una cuarta parte" de los presos de ETA y peligrosos violadores, por lo que ha exigido al Ejecutivo que no la cumpla dado que no es "vinculante ni de obligado cumplimiento". "Si la 'doctrina Parot' es derogada y terroristas, violadores y asesinos salen en libertad, será responsabilidad de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno", ha dejado claro antes de insistir en que el Ejecutivo no puede "resguardarse" en una sentencia "que no es vinculante".

- Maite Pagazaurtundua, portavoz del colectivo vasco de víctimas del terrorismo, Covite. Ha denunciado que el problema de fondo tras la anulación de la 'doctrina Parot' radica en la "falta de diligencia" de los legisladores españoles por no haber modificado con tiempo el Código Penal. "Para evitar impunidad, escándalos o situaciones hirientes para muchos hay que pensar con anticipación y ser previsores. Hay que pedir a los legisladores que no vuelva a pasar algo así", ha señalado.

- Alfonso Sánchez, guardia civil retirado afectado por el atentado de ETA en la Plaza de República Dominicana de Madrid. "Europa tuvo sus asesinos en 1945 y se les juzgó en los juicios de Nuremberg con sentencias ejemplares. Para estos asesinos lo que pedimos es que se cumplan las condenas: los 30 años, ni un día menos", ha señalado.

- Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco. Considera que la sentencia que supone una "oportunidad" para iniciar una "reflexión compartida" sobre la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA. Ha pedido al Gobierno central que consensúe "una nueva etapa en la gestión de la política penitenciaria", que esté concebida como "una política de Estado para la paz", y a la izquierda abertzale le ha reclamado que "gestione con responsabilidad y altura de miras las consecuencias de este pronunciamiento judicial".

- Óscar López, secretario de Organización del PSOE. "La posición del PSOE no puede ser otra que la de acatar la sentencia porque vivimos en un Estado de derecho", ha recalcado. Dicho esto, ha recalcado que al PSOE le "repugnan" las consecuencias que puede tener este fallo y ha subrayado que "no puede valer lo mismo matar a una persona que a 24". Asimismo ha trasladado su "solidaridad" a las víctimas de ETA y ha asegurado que el PSOE lamenta "el dolor que esta sentencia puede tener entre las víctimas y familiares". "Pero es una cuestión judicial que no debe afectar a la unidad de los demócratas, precisamente ahora que se cumplen dos años del fin del terrorismo de ETA", ha remachado.

- Rosa Díez, líder de UPyD. Se ha mostrado muy contrariada con el fallo y ha pedido al Gobierno que aplique la resolución "buscando que se haga justicia" y amparando a las víctimas y al Estado democrático. Ha señalado que, igual que los etarras han encontrado "amparo en Estrasburgo, el Ejecutivo tiene que hallar la manera de aplicar el fallo judicial sin "violentar" a las víctimas de su terror y salvaguardando la democracia.

- Idoia Mendia, portavoz del PSE-EE. Ha afirmado que "lo que corresponde es que el Gobierno acate y tome las disposiciones correspondientes para que pueda ser aplicada la sentencia sin dilaciones ni subterfugios legales para eludir el contenido de la sentencia". Aunque ha reconocido que la posible excarcelación de Del Río y de otros presos a los que pueda afectar la sentencia puede generar "alarma social" y "causar dolor" en las víctimas y sus familiares, ha añadido que "son las reglas del juego que nos dimos y tenemos en la democracia".

- Iñaki Oyarzabal, secretario general del PP vasco. Considera que la sentencia es "un error" que "causa daño a las víctimas". A su juicio, "era una doctrina justa con las víctimas y útil para luchar contra ETA". "Queremos estar cerca de las víctimas, compartir su dolor y tristeza, y transmitirles todo nuestro apoyo. Vamos a estar con ellos estos días", ha resaltado.

- Patxi Zabaleta, portavoz parlamentario de Aralar-NaBai. "Todos hemos ganado, nadie ha perdido, sobre todo han ganado los derechos humanos", ha declarado. Ha apuntado además que "la convivencia y la paz se tienen que asentar en los derechos humanos no solo en la 'doctrina Parot', el cumplimiento de las penas y el régimen penitenciario sino en todos los demás aspectos".

- Carlos García Adanero, portavoz parlamentario de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Insta al Gobierno a que una vez conocida la sentencia estudie "cómo puede hacer que los asesinos etarras cumplan el mayor número de años en la cárcel", ya que, a su juicio, el "número de asesinatos sí tiene que ver a la hora de pasar años en la cárcel". "Lo normal es que se estableciera el número de años a pasar en la cárcel de acuerdo con el conjunto de la condena, de forma que no sea lo mismo asesinar a una persona que a treinta o a veinte o a quince", ha aseverado.

- Geroa Bai. Reclama al Gobierno que acate en su "integridad" y "aplique de forma inmediata" la sentencia de Estrasburgo.

- Soledad Becerril, Defensora del Pueblo. Ha lamentado "profundamente" la sentencia y ha dicho compartir "totalmente el dolor" que el fallo ha producido a las víctimas de "gravísimos delitos".

- Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de CiU. "Hay sentencias que hay que acatar pero que no resulta fácil de entender. Esta es una de ellas, que hay que acatar aunque a mucha parte de la ciudadanía le costará entender", ha afirmado.

- Albert Rivera, líder de C's. "Si hay un espacio para mantenerla, somos partidarios de mantenerla. Pero si hay sanciones o imposiciones jurídicas que te obligan a cambiarlo no quedará más remedio", ha aseverado. Rivera ha asegurado que tendrán que respetar la sentencia, aunque ha querido dejar claro que la posición de su partido está "al lado de las víctimas y no de los asesinos". A su juicio, desde el punto de vista social, político y económico, "hay que hacer cumplir las penas" a todos aquellos que han asesinado a personas, en referencia a integrantes de ETA. "Seria paradójico que los asesinos que quieren destruir el Estado de Derecho sean los que se aprovecharan de un Estado y de unas leyes en las que no creen", ha remarcado.

- Gaspar Llamazares, diputado de la Izquierda Plural. Pide al Gobierno que acate el fallo y que no busque subterfugios, como "retenciones ilegales", que puedan llevar a futuras condenas. Considera que la decisión del tribunal de Estrasburgo era esperada y "ajustada a derecho", y avergüenza al Gobierno y a las instituciones españolas, como el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, que -estima- han sufrido un gran "varapalo".

- Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. Ha manifestado que es "un día triste". Ha expresado su "respeto" a las decisiones judiciales, pero ha considerado también que "no es razonable" que personas "que han cometido unos crímenes tan execrables con miles de muertos, puedan verse beneficiadas por un sistema que les lleve a no cumplir la totalidad de las penas". El fallo del Tribunal Europeo constituye "un mal mensaje" para González y por eso ha indicado que es hora de "volver a hacer un llamamiento de apoyo y de refuerzo a las víctimas" del terrorismo que durante años "han sufrido el daño del terror" y han estado "desamparadas".

- José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Señala que el Ejecutivo deberá acatar una resolución "de la que es responsable en parte pues no ha hecho nada por cambiar la legislación para que terroristas y otros delincuentes violentos cumplieran más tiempo de cárcel". Por otra parte estima que "si las acusaciones que han actuado en el 'caso Faisán' se hubieran dedicado a apoyar la 'doctrina Parot' en ámbitos internacionales en lugar de acusar a policías estaríamos en una situación diferente".

- Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC). Espera que el Gobierno "reaccione con la ley en la mano para que no se materialice" la sentencia. "Nosotros no hemos fallado pero no podemos decir lo mismo de la clase política", ha indicado. Ha precisado que "el hecho de que un delincuente cumpla íntegra la pena que se le impone no es ilegal si está bien legislado y en esto sí se ha fallado".

- Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cree que los tribunales españoles pueden aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la 'doctrina Parot', bien de oficio o a petición de otros presos, porque la sentencia que condena a España por aplicarla tan sólo se refiere al caso concreto de la presa de ETA Inés del Río. Además, ha afirmado que la aplicación de las normas no corresponde al Gobierno, sino a los jueces. "Tenemos que acostumbrarnos a que, cuando los tribunales, tanto los españoles como los europeos, dictan resoluciones, hay que acatarlas, pero, luego, la crítica o el elogio que sea desde el planteamiento estricto jurídico de la aplicación o no de la Ley, de los tratados internacionales de los que España es parte y, por tanto, los ha suscrito, y no de otras consideraciones políticas que no ayudan para nada a lo que tiene que ser el debate que es una cuestión de aplicación e interpretación de las normas jurídicas", ha apuntado.

- Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. "Consideramos que la sentencia es correcta jurídicamente porque la doctrina vulneraba el principio de no retroactividad de las disposiciones penales que puedan ser desfavorables para una persona condenada y suponía una modificación sobrevenida de las reglas del juego con la que se debía cumplir la condena", ha destacado.