Imputado un exconsejero valenciano por un contrato con 'El Bigotes'

El magistrado José Ceres, instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha imputado al exconsejero de Sanidad Manuel Cervera por la contratación relativa al vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, adjudicado a Orange Market S.L, la firma de Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', y otras dos empresas vinculadas con esta mercantil. Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso, dentro de la pieza cinco -en total hay seis- del 'caso Gürtel', relativa a presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre diferentes departamentos de la Administración valenciana con Orange Market S.L. u otras empresas del grupo.

Manuel Cervera , quien está citado para el próximo 19 de noviembre a las 11.00 horas, también fue diputado 'popular' y portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados, hasta que el pasado 30 de agosto anunció que renunciaba a su escaño en la Cámara Baja y que abandonaba la política "por motivos de tipo personal y profesional". El juez le ha citado a declarar ahora en relación con el contrato para la elaboración de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico en 2008, proyecto que se, según la investigación, presuntamente se dividió en cuatro contrataciones de distintas Direcciones Generales dependientes de la Consejería de Sanidad -tres sobre la misma cinta proyectada- en favor de Orange Market S.L. -dos de ellas- y de otras dos sociedades supuestamente vinculadas a esta mercantil -Easy Concept y Diseño Asimétrico-.

El instructor, que rechaza imputar por el momento a otros altos cargos de la Consejería en ese momento, cree que los hechos podrían suponer un fraccionamiento de la contratación de diversos contratos menores de cuantía inferior a 12.00 euros con la presunta intencionalidad de eludir el debido procedimiento administrativo de concurso eliminando la libre concurrencia en favor de mercantiles de la trama. Esto podría constituir un delito continuado de prevaricación y, en su caso, de tráfico de influencias. Además, no resulta descartable la posible existencia de un delito de falsedad en documento público u oficial, según el magistrado instructor.