El presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, junto al vicepresidente. / Foto: Zipi (Efe) | Vídeo: Atlas
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Las víctimas de la talidomida claman justicia

Buscan en los tribunales una indemnización de la farmacéutica que ponga fin a años de oscuridad

MADRID Actualizado: Guardar
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El 25 de diciembre de 1956 comenzó todo. Ese día de Navidad nacía en España el primer bebé malformado por culpa de un principio activo maldito: la talidomida. Presente en diez medicamentos, el más conocido era el Soitenon, se recetaba para las nauseas de las embarazadas. Y aunque el prospecto solo informaba de un "ligero estreñimiento", provocó malformaciones en más de 20.000 bebés en todo el mundo, unos 3.000 de ellos en España. En noviembre de 1961, la farmacéutica Grünenthal lo retiró del mercado en Alemania y el resto de los países donde lo comercializaba... salvo en España, donde se siguió vendiendo hasta 1962 y en algunos lugares hasta 1963.

Cincuenta y siete años después del nacimiento del primer bebé, la empresa alemana y la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) se han visto en los tribunales. Este colectivo reclama a la empresa 204 millones de indemnización, 20.000 euros por cada punto porcentual de minusvalía de los afectados, entre 500 y el millar según los cálculos de Avite. "El resto murió cuando eran bebés por problemas cerebrales y cardiacos. Otros, se suicidaron y hay un tercer grupo que padece los síntomas pero que no sale a la luz", explica José Riquelme, presidente de la organización. Él tuvo la fortuna de nacer "solo sin la pierna derecha". Muchos nacieron "solo con el tronco y la cabeza".

A Josefina Mompeó le faltan las dos piernas y un dedo de la mano derecha. Reclama justicia por lo que le hicieron a ella; pero sobre todo a su madre. "Todavía no lo ha superado", comenta. Los profesionales sanitarios del hospital barcelonés donde nació tardaron 24 horas en mostrarla a su madre. "Me tuvieron separada porque creyeron que me iba a morir ya que tuve un parto muy difícil. Y al final cuando me enseñaron, ella dice que se le rompió el corazón, que fue el dolor más grande que ha tenido nunca", afirma. Hasta que un día, dejó de llorar y decidió tirar hacia adelante. "Decía que tenía una hija guapa e inteligente y que debía estudiar", dice sin disimular su orgullo filial.

Ese orgullo que también ha llevado a José Luis Prados al juzgado. "Quiero justicia por las madres, por el sufrimiento que padecieron al nacer nosotros con estos problemas físicos. A ella se les vino el mundo encima y son las que lo han pasado bastante mal", comenta.

Quejas a la administración

Durante el juicio exprés celebrado en Madrid y que ha quedado visto para sentencia, el representante legal de la empresa se ha defendido de la demanda presentada, donde se incluyen una misiva de la central de Alemania a la delegación española pidiéndole que no se informe a los médicos. El letrado Guillermo Castillo ha insistido en que Grünenthal "actuó conforme a la época" y que lamenta "sinceramente" esta tragedia. La empresa ofreció hace meses 123.000 euros a repartir entre todos los afectados, oferta que fue rechazada. "Desde 1971, cuando pagó 100 millones de marcos de indemnización, la empresa ha pagado a las víctimas 531 millones de euros", apunta Riquelme.

La farmacéutica, además, ha aducido que hubo empresas que fabricaron en España medicamentos con talidomida de forma "independiente" de Grünenthal y que dejó de vender este producto en noviembre de 1961 en España de forma directa. Todo lo que se distribuyó después, asegura el abogado, fue 'stock' fuera del control del laboratorio. Por otra parte, Castillo también ha asegurado que el delito ha prescrito.

Avite pudo presentar esta demanda colectiva contra la farmacéutica alemana gracias a un real decreto del anterior ejecutivo que reconocía las secuelas de este medicamento y catalogaba a estas personas como poseedores de una enfermedad rara. Sin embargo, los afectados por la talidomida no tienen derecho a ninguna pensión compensatoria. Solo se les reconoce una ayuda social a 23 personas. Al resto, nada. "¿Y qué pasa con los que nacimos antes del 1 de enero de 1960? ¿No somos afectados? Yo me quedé fuera por 39 días y lo tengo recurrido esta decisión en la Audiencia Nacional", argumenta Josefina a las puertas del juzgado.