Nueve detenidos en una nueva operación por el caso de los ERE

La juez que investiga el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público en Andalucía ha abierto esta mañana una nueva operación policial que se ha saldado con nueve detenciones y medio centenar de personas imputadas en el caso, que suma ya más de 170 implicados. Entre los detenidos hay dirigentes sindicales y un ex alto cargo de la Junta de Andalucía, así como empresarios. Los arrestos y los numerosos registros están relacionados con la operación policial iniciada el pasado mes de marzo y que investiga el cobro de jugosas sobrecomisiones por participar en la tramitación de las pólizas de prejubilación o las ayudas directas a empresas en crisis o la recepción de ayudas por parte de empresas sin actividad.

La operación policial se ha desencadenado justo el mismo día en que la juez Mercedes Alaya ha citado a declarar a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, cuya comparecencia ha empezado sobre las 11 horas. Fuentes de la investigación han confirmado que entre los detenidos se encuentra Enrique Rodríguez, que fuera gerente provincial del Instituto de Fomento Andaluz (IFA), el organismo encargado de abonar los pagos que dictaba la Consejería de Empleo. Rodríguez, militante socialista, ocupa en la actualidad un cargo de responsabilidad en la Diputación de Sevilla y su despacho está siendo registrado en estos momentos.

También han sido arrestados el actual secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y el responsable sindical de la sección de Metalurgia de CC OO Roberto Carmona. Ambas organizaciones sindicales han suspendido las convocatorias de prensa que tenían previstas para hoy tras hacerse públicas las detenciones. Además, hay arrestados dos empresarios de Málaga, vinculados al hotel Don Pedro de Torremolinos, otros dos en Córdoba -los hermanos José Manuel y Francisco Casado, que fue también miembro de la ejecutiva provincial de CC OO- y otro en Segovia.

Además de con el cobro de sobrecomisiones por la tramitación de las prejubilaciones, de la que se beneficiaban tanto las mediadoras como los entornos sindicales, otras detenciones y registros estarían relacionados con el cobro de ayudas directas a empresas en crisis. Así, se están produciendo registros en la casa de un empresario ya imputado en la causa oriundo de la comarca Sierra Norte, la principal beneficiada de estas ayudas, así como las instalaciones de un céntrico restaurante sevillano que se sometió a un ERE pese a que tenía un amplio margen de beneficios. En este ERE fueron detectados varios intrusos.

Según la Guardia Civil, se investiga además la implicación de distintos profesionales de la banca que habrían participado en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales. La operación se está realizando en Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén, Madrid, Barcelona y Segovia.