Adiós al IPC como referencia para las subidas de precios públicos

La Ley de Desindexación –cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros- supondrá que a partir de 2014 el IPC dejará de ser el indicador de referencia a la hora de revisar los precios de los servicios públicos. El Gobierno pretende de esta forma contribuir a la estabilidad de los precios, en consonancia con los ajustes que se están llevando a cabo en otros ámbitos de la economía, como los salarios.

En la actualidad, los precios de servicios como la telefonía, el agua, el transporte público o los servicios postales se actualizaban conforme al IPC y, en algunos casos, otra serie de factores. A partir de 2014 –siempre que la ley salga adelante tal y como la plantea el Gobierno-, los incrementos tendrán que estar justificados por los costes que supone la prestación de los servicios. Por ejemplo, si hasta ahora la revisión de las tarifas de los billetes de autobús interurbano se calculaba en función del IPC más otra serie de indicadores como la evolución del precio del carburante o el número de viajeros, a partir de 2014 sólo se tendrán en cuenta estos dos últimos factores.

Además, el anteproyecto de ley incluye una fórmula que sirva de referencia en los contratos tanto del sector público como del privado. Se calculará con el diferencial del IPC español respecto al de la zona euro, corregido con la pérdida de competitividad desde la entrada en vigor del euro. Tendrá un techo del 2% (tope establecido por el BCE para la inflación), pero no tendrá suelo.