La Fiscalía insiste en que los policías del 'chivatazo' colaboraron con ETA
Reclama cinco años de prisión para Pamiés y Ballesteros y anima a los acusados a "hablar como Amedo en los GAL" para llegar "más arriba"
MADRID Actualizado: GuardarLa Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido su acusación contra los dos policías juzgados por el 'chivatazo' que abortó una operación contra ETA en plena tregua de 2006. El fiscal Carlos Bautista ha elevado a definitivas sus conclusiones en las que mantiene que el comisario Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros colaboraron con la banda terrorista, por lo que se enfrentan a una pena de cinco años de prisión, según la calificación del Ministerio Público.
El fiscal Bautista sólo ha variado una referencia de su escrito, al asegurar que los acusados "decidieron obstaculizar para impedir la detención de Gorka Aguirre (dirigente del PNV ya fallecido) y no aceptar de una determinada estrategia de lucha antiterrorista".
De forma gráfica, el fiscal hizo un repaso de los hechos la mañana del soplo, el 4 de mayo de 2006. Desmontó la teoría de Pamiés sobre su reunión con el confidente al tratarse de "una mentira" y negó que los acusados sean "los chivos expiatorios" del soplo, ya que cuando "alguien juega a ser ‘Harry el sucio’ acaba convirtiéndose en Torrente y es la peor de las opciones", en referencia a la "chapucería nacional" del soplo.
El técnico
Bautista ha explicado que "todo el mundo sabe que en 2006 había un acuerdo parlamentario para negociar con ETA y la estrategia de la lucha antiterrorista pasaba por eso. El señor Pamiés es el táctico y los estrategas otros, pero parece claro que (el 'chivatazo') se produjo por medios criminales, ilícitos y delictivos y no por un objetivo legítimo: acabar con ETA por medios de un proceso".
Asimismo, ha animado también a los dos policías juzgados a que, en caso de una condena por colaboración con ETA y/o revelación de secretos, "hablen como Amedo (exsubcomisario de Policía) en los GAL" para llegar "más arriba" en la responsabilidad de los hechos, aunque por ahora no hay elementos suficientes para corroborar que hubo órdenes políticas en el 'chivatazo'.