Cataluña y Madrid aportaron dos de cada tres euros de la amnistía fiscal

Madrid y Cataluña, las autonomías de mayor dinamismo económico y donde están asentados los mayores patrimonios del país, aportaron a las arcas públicas dos de cada tres euros recaudados mediante la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda calculan que las dos principales comunidades autónomas de España en cuanto a peso económico concentraron el 64,2% de todo el dinero obtenido con esta medida extraordinaria, a la que pudieron acogerse patrimonios ocultos que sólo tuvieron que pagar un 10% por regularizar su dinero y escamoteado al fisco.

Las cuentas elaboradas por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) muestran que Madrid, con 463,7 millones de euros y el 38,8% de la cantidad total ingresada, fue el territorio que más contribuyó a la recaudación de la amnistía fiscal. Le siguió, a bastante distancia, Cataluña, con 303,8 millones de euros, el 25,4% de los fondos captados. Muy por detrás se situaron la Comunidad Valenciana (124,2 millones y el 10,4%); Andalucía (65,2 millones, el 5,5%) y Galicia (44,6 millones, el 3,7% de los 1.200 millones logrados).

En su análisis, Gestha asegura que en toda España la adhesión de los defraudadores a esta medida de gracia fue «poco representativa». De hecho, la amnistía fiscal –que el Gobierno denominó ‘gravamen especial fruto de la excepcionalidad de la situación económica’ en un intento por eludir las críticas que desató– apenas recaudó la mitad de los 2.482 millones de euros que presupuestó el Ministerio de Hacienda.

Los autores de la estadística atribuyen esa falta de entusiasmo a la mayor «confianza» que todavía propociona al defraudador la perspectiva de «mantener oculto el patrimonio en paraísos fiscales», a las dudas generadas a raíz del recursos de inconstitucionalidad que el PSOE presentó contra la medida y a la necesidad de presentar declaraciones complementarias del IVA y del Impuesto de Patrimonio. Gestha calcula que la recaudación total de la amnistía –concentrada en los fondos correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010– apenas alcanza al 3% del volumen total de los capitales evadidos en esos tres años. Es decir, el otro 97% restante seguirían «ocultos», según Gestha.

Grandes fortunas

Los técnicos de Hacienda consideran que la amnistía «desincentiva» el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Y señala que un simple vistazo a la recaudación por provincias revela cómo su repercusión, medida en términos de recaudación, estuvo muy concentrada en las autonomías que acaparan el mayor número de grandes fortunas. La excepción son el País Vasco y Navarra, territorios forales con hacienda y fiscalidad propias, cuyos gobiernos rechazaron aplicar la amnistía tributaria.

Gestha explica que la mayor participación de los grandes patrimonios en la amnistía se debe a que el 71,8% de la evasión fiscal procede del fraude cometido por grandes fortunas y corporaciones empresariales. Son –caculan– «más de 42.000 millones de euros que escapan cada año al control de Hacienda». Un volumen elevadísimo de fraude que consideran «en sintonía» con «las elevadas cantidades de billetes de 200 y de 500 euros que se siguen moviendo en nuestro país, que representan el 75% del efectivo circulante en la economía, según datos del Banco de España», denuncia.

Con esos datos sobre la mesa, el colectivo de técnicos de Hacienda consideran que la Agencia Tributaria «debería dedicar más esfuerzo a perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país» en lugar de «concentrar el 80% de sus recursos en investigar a los autónomos, microempresas, pymes y asalariados».

La amnistía fiscal fue presentada el 30 de marzo de 2012 – justo después de las elecciones en Andalucía– junto a los presupuestos para ese año. Entró en vigor en junio y expiró a finales de noviembre. A finales de julio las cifras mensuales ya mostraron que el Gobierno había sobreestimado su capacidad recaudatoria, así que dejó de publicarlas. A su término el Ejecutivo celebró que había permitido aflorar rentas y activos ocultos por 12.000 millones de euros.