Susana Díaz propone prohibir las donaciones a los partidos

Combatir la desafección política provocada, entre otros, por los casos de corrupción en el seno de los partidos será uno de los ejes de la gestión de la próxima presidenta de Andalucía, la socialista Susana Diaz, que en su debate de investidura ha propuesto elevar al Congreso una iniciativa legislativa para prohibir las donaciones privadas a las formaciones y un acuerdo para que las parejas y familiares de los cargos públicos presenten una declaración de bienes.

Díaz ha querido demostrar así que el nuevo gobierno está libre de sospecha por el caso de los ERE, de ahí que anuncie que planteará a Mariano Rajoy un "pacto por la regeneración política" en la primera reunión que mantengan. Entre las medidas contra la corrupción que propondrá en la región se encuentra además la posibilidad de que la Cámara de Cuentas de Andalucía pueda fiscalizar las cuentas de los partidos e incluso imponer multas a los cargos públicos que no rindan cuentas.

En un discurso muy político, la que será la primera presidenta de Andalucía ha empezado su intervención con una mención a la lacra de la violencia de género y ha citado en varias ocasiones que la prioridad de su mandato pasa por consolidar la cohesión social y mantenimiento de los servicios públicos. De esta manera, la sanidad, la educación y la dependencia serán claves en los nuevos presupuestos para 2014.

La candidata socialista, que será elegida mañana con los votos de su formación y de los socios de Gobierno, IU, ha realizado varios guiños a esta formación. Así, pese a que no se crearán nuevas figuras impositivas como pedía la coalición, sí habrá retoques encaminados a la progresividad fiscal y a un sistema tributario "más eficiente y equitativo". También se marcará la lucha contra el fraude fiscal como objetivo. Y aunque no se habla abiertamente de la creación de un banco de tierras, antigua reivindicación de IU, sí se creará un observatorio para mejorar la gestión de las tierras de titularidad pública.

En clave nacional, la aspirante a la Presidencia de Andalucía se ha mostrado muy crítica con la reforma local, que no descarta recurrir incluso ante el Tribunal Constitucional, y con el reto soberanista de Catalunya, ante el que ha dicho que no puede responder desde la inactividad o el inmovilismo. Ante ese desafio, ha abogado porque la comunidad andaluza lidere un proceso de reforma del modelo territorial que "corrija ineficiencias y garantice la autonomía efectiva y la financiación de los servicios públicos".