Las eléctricas empiezan a mover ficha ante la gran reforma

La reforma eléctrica en la que se ha embarcado el Gobierno para atajar el déficit de tarifa acumulado, superior a los 26.000 millones de euros, ha provocado las primeras reacciones de las empresas implicadas. Mientras las asociaciones de renovables han anunciado una batería de recursos, tras denunciar que no van a poder reintegrar una deuda superior a los 40.000 millones de euros, Iberdrola se ha adelantado a solicitar la clausura del grupo 3 de la central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera (Cádiz), una instalación de 800 MW.

Los cambios eléctricos propuestos son muy complejos. Están incluidos en un real decreto ley y una orden de peajes ya en vigor, más un anteproyecto a tramitar en el Parlamento y siete borradores de real decreto sobre otras tantas materias. Por eso los agentes del sector han pensado que aún hay tiempo para modificaciones. Han criticado que la reforma viera la luz tras un simple contacto informativo del Gobierno con las compañías tradicionales, mientras que ha obviado cualquier diálogo con el resto de los sectores. Entre ellos se encuentran los consumidores domésticos e industriales, fuertemente alarmados con los anuncios de nuevos encarecimientos.

Está previsto que este mes de agosto suba otra vez la factura de la luz. Aunque el aumento medio será del 3,2% para los hogares, un nuevo criterio de cálculo penalizará a los que tienen contratada una potencia más alta frente a quienes registren crecimientos del consumo. Para los acogidos al bono social, familias desfavorecidas que se han venido librando de los incrementos, las nuevas condiciones de renta exigidas van a hacer que una de cada dos pierda este beneficio.

¿Por qué propone una empresa el cierre de una instalación?. La central de Arcos de la Frontera, en la que Iberdrola ha solicitado la clausura de uno de los tres grupos, es moderna y eficiente. El grupo 3 se puso en marcha en el otoño de 2005 y entró en operación comercial en marzo de 2006. Pero toda la planta lleva años operando muy por debajo de su posibilidades, y la actividad se ha venido limitando en los últimos tiempos a un tercio de la capacidad disponible.

Las centrales de ciclo combinado generan electricidad quemando gas. En España se han instalado 67 grupos en años recientes, y casi todos se encuentran en situación parecida. El desarrollo de las renovables ha reducido su papel a una función de garantía de potencia firme del sistema. Se ponen en marcha, por ejemplo, cuando no sopla viento. Por eso han venido recibiendo los llamados ‘pagos por capacidad’, que consisten en un incentivo por la inversión realizada, hasta su amortización, y en una retribución por estar disponibles para entrar en funcionamiento cuando resulta necesario. En otro tiempo llegaron a cobrar 40.000 euros por megavatio al año y ahora perciben 26.000 euros. Y el Gobierno se ha planteado rebajar esa cifra a 10.000 euros.

La reforma ha incluido un recorte de la generación en centrales de ciclo combinado y ha propuesto la hibernación de parte de esas instalaciones. Un reglamento específico ha de determinar las condiciones. En función de lo que establezca resultará más interesante para las empresas desmantelar un grupo o cerrarlo temporalmente a la espera de que lleguen mejores tiempos.

En las renovables, los cambios han supuesto una completa revisión del sistema que remunera a los productores, Aunque hasta octubre no se van a conocer los costes reconocidos, las sociedades que tienen detrás a un inversor potente, como los fondos extranjeros, han denunciado la inseguridad jurídica que representa pasar de cobrar primas a la producción a obtener la rentabilidad que el Gobierno ha considerado ‘razonable’. El 7,5% que se ha mencionado no incluye impuestos ni costes financieros. Y como se va a contabilizar sobre toda la vida de la instalación, se da por seguro que eso implica un efecto retroactivo que castigará a las instalaciones que ya llevan más tiempo funcionando.

A los pequeños inversores en renovables, y en particular para los ahorradores que han invertido en huertos solares, la pérdida de retribución les puede llevar a la ruina. Algunos han denunciado su situación calificándola de “las nuevas preferentes” al recordar que el Gobierno comprometió unos pagos y ahora da marcha atrás en sus promesas.