Mas emplaza por carta a Rajoy a negociar una «consulta» en un plazo breve

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, cumplió su promesa y envió una carta a Mariano Rajoy en la que le emplaza a negociar una fórmula que permita celebrar "una consulta al pueblo catalán, en el plazo más breve posible" y con los marcos legales que entre ambos puedan establecer.

Mas no indica cuál sería el objeto de tal consulta, ni qué pregunta pretendería trasladar a los catalanes. Ni una sola vez se pronuncia en el escrito la palabra independencia. Simplemente, recuerda que las últimas elecciones al Parlamento autonómico, en las que se dio la participación más elevada de su historia, reflejaron un "amplio apoyo popular" a las fuerzas políticas que presentaban en su programa electoral "la necesidad de ejercer el derecho a decidir".

Como ya ha hecho en otras muchas ocasiones, en su misiva hace un relato de las razones que, a su juicio, hacen obligada la consulta. Defiende que la voluntad de autogobierno del pueblo catalán fue canalizada inicialmente a través del Estatuto de Autonomía del 79 pero que posteriormente el Tribunal Constitucional "diluyó y en gran parte anuló la voluntad democrática" expresada por los ciudadanos de su comunidad en el referéndum sobre la reforma de ese texto celebrado en 2006.

"Más recientemente -alega- durante la pasada legislatura, la negativa a cualquier tipo de negociación en referencia a la propuesta del Pacto Fiscal, promovida por el Govern de la Gneralitat y aprobada por una amplia mayoría del Parlament de Catalunya, evidenció, una vez más, la incapacidad de dar respuesta por parte de las instituciones del Estado a las propuestas presentadas desde Catalunya".

El presidente catalán asegura ser consciente de que Rajoy mantiene su posición contraria a la celebración de "la consulta". Sin embargo, da por supuesto que "se dan las condiciones favorables para hacerlo" y se apoya en el informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (organismo que ha creado la propia Generalitat) conocido hoy mismo para defender que existen "vías legales" que posibilitan la consulta.

Aún no hay respuesta del Ejecutivo a esta carta. Pero la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sí advirtió tras el Consejo de Ministros que ese consejo asesor al que más hace referencia no forma parte del las instituciones encargadas de decir qué es y qué no es constitucional. "A quien corresponde dictaminar es a otro -dijo- y por cierto, tiene ya una doctrina muy consolidada".

El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la declaración de soberanía aprobada en enero por el Parlamento de Cataluña a petición del Gobierno y mientras resuelve si su contenido vulnera la Carta Magna.