El Gobierno declara la guerra a las facturas ocultas 'en el cajón'

El Gobierno quiere terminar en año y medio con las facturas ocultas 'en el cajón' de los ayuntamientos y comunidades autónomas, que en el pasado han acabado por provocar afloramientos de déficit oculto y han constituido una vía irregular de financiación a expensas de los proveedores. El proyecto de ley de impulso de la factura electrónica que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 28 de junio obligará a todos los contratistas de las administraciones públicas a presentar y tramitar por vía telemática las reclamaciones de pago. En paralelo, se creará un registro contable en el que quedarán archivadas todas las operaciones y que servirá al Estado para vigilar el cumplimiento de los plazos legales de abono.

La normativa diseñada por el Ministerio de Hacienda ya está en el Congreso de los Diputados para su tramitación y será aprobada en diciembre de este año. Establece un sistema por el que los proveedores podrán presentar sus facturas desde el ordenador de su casa u oficina a través de un punto general de entrada de facturas electrónicas (una página web) que deberán crear las administraciones. Allí quedará constancia de la fecha de presentación, lo que según Hacienda «reforzará la protección» del contratista, pues permitirá un mejor control del devengo de intereses en caso de retrasos en los pagos.

Una orden ministerial regulará el formato de las facturas, que deberán ser firmadas electrónicamente según un modelo fijado. La intención del Ejecutivo es que a partir del 15 de enero de 2015, es decir, en dieciocho meses, la factura electrónica sea obligatoria. No obstante, las administraciones podrán excluir de esta vía y tramitar por el procedimiento tradicional (documento de papel) las de importe inferior a 5.000 euros.

Todas las administraciones estarán obligadas a tener ya desde el 1 de enero de 2014 un registro de sus obligaciones de pago, que estará relacionado con su centro contable. Cuando este centro detecte demoras en el pago, generará una serie de alertas periódicas que avisarán al ayuntamiento o comunidad interesada de que puede incurrir en una vulneracion del plazo legal de 30 días fijado para el abono. El centro contable emitirá, trimestralmente, un informe de morosidad que incluirá todos los retrasos de más de tres meses y al que tendrá acceso el Estado.

Compensación de deudas

La subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero, aseguró que con este sistema Hacienda podrá saber también «a quién le deben dinero las administraciones, y si esas personas a su vez tienen deudas pendientes con el fisco o con la Seguridad Social». Este instrumento, avanzó, puede llegar incluso a convertirse en un mecanismo para la «compensación de deudas» entre empresas contratistas y administraciones públicas.

Fuentes de Hacienda estiman que este nuevo sistema puede generar ahorros para el Estado y sus proveedores de entre 41 y 51 millones de euros por año, según su grado de implantación.