Amancio Ortega y su familia tendrán que pagar 34 millones a Hacienda por exenciones que no le correspondían

Amancio Ortega, fundador del emporio Inditex, tendrá que pagar a Hacienda 32,78 millones de euros extra por irregularidades en sus declaraciones del Impuesto de Patrimonio correspondientes a 2001, 2002 y 2003, el mismo motivo por el que su esposa, Flora Pérez, y su hija, Marta Ortega, deberán abonar al fisco otros 1,23 millones. Tras litigar durante más de cuatro años, el Tribunal Supremo confirmó en junio el criterio de la Agencia Tributaria, que consideró en su día que el conocido empresario y sus familiares más directos se apuntaron unas exenciones que no les correspondían respecto al dinero que obtuvieron por la salida a Bolsa de la multinacional hace una docena de años.

Agotada ya la posibilidad de un nuevo recurso ordinario –Ortega podría intentar aún la ‘bala’ del Tribunal Constitucional, aunque para ello debería alegar la supuesta vulneración de derechos fundamentales-, la justicia considera definitivamente probado que el considerado hombre más rico de España, partiendo de “una serie de negocios jurídicos reales y válidos”, configuró “un artificioso entramado patrimonial con la finalidad de beneficiarse de una exención que, por definición, no resulta aplicable”. Y es que la utilización de sociedades de inversión mobiliaria de capital variable (SiMCAV) u otro tipo de instituciones de inversión colectiva “ha quedado siempre fuera” del disfrute de tal beneficio.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, sin embargo, descartan que el empresario hubiera pretendido “una suerte de fraude de ley impropio”, o “incluso una simulación”, al considerar que únicamente hizo uso del “legítimo derecho” que asiste a todo contribuyente para “utilizar a su favor” las normas tributarias, aunque también estiman que a Hacienda le corresponde no sólo el derecho, sino “la obligación de comprobar la conformidad a Derecho” de aquellas decisiones. Y eso es precisamente lo que ha pasado en este caso, pese a lo cual condenan a Ortega al pago de las costas del proceso, con un tope de 6.000 euros.

El “abuso de la norma” que cometió el fundador de Inditex, su esposa y su hija se debe a que el dinero que obtuvieron con la salida a Bolsa de la multinacional en 2001 lo invirtieron a través de dos SIMCAV, Alazán de Inversiones 2001 y Keblar de Inversiones, que a su vez eran controladas por ellos a través de un ‘holding’ de sociedades familiares, cuyas participaciones están exentas de tributación por el impuesto de patrimonio. De esta estrategia se valieron para considerar que los beneficios que obtuvieron con aquella exitosa operación bursátil no les generarían nuevas obligaciones de pago con Hacienda, un criterio desmontado luego por las administraciones (primero la tributaria y luego la judicial).