Gallardón, ausente en el debate final de la reforma del CGPJ

El Pleno del Congreso ha puesto punto y final a la tramitación parlamentaria de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la inclusión de la polémica figura del vicepresidente del Tribunal Supremo y el anuncio de la oposición de recurrir la norma ante Tribunal Constitucional (TC).

En una enmienda, el grupo parlamentario popular en el Senado introdujo cambios en la figura del vicepresidente, que pasará a serlo solo del Supremo y no ya del CGPJ, y cuya destitución y nombramiento será competencia del Pleno del Consejo.

El proyecto de ley orgánica que modifica la estructura y el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces ha culminado un largo proceso parlamentario ante el rechazo en bloque de la oposición, que ha lamentado que el Gobierno haya conseguido su objetivo de convertir el Consejo "en una delegación del ministerio al servicio del Ejecutivo".

Durante la sesión, los grupos de la oposición han censurado la ausencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el debate final. El PSOE ha anunciado su intención de recurrir la ley al Tribunal Constitucional en una iniciativa a la que espera sumarse la Izquierda Plural al considerar que supone un "asalto" al Consejo con "un grave ataque" a la independencia de los jueces en un momento en el que resultan "incómodos" al Partido Popular.

Durante el debate de las enmiendas introducidas en el Senado, los diputados han echado en falta la presencia de Gallardón después de que se tomara tantas molestias por "controlar" el CGPJ. Para Rosa Díez, "no saca la mano del órgano de gobierno de los jueces ni muerto" pero eso sí no tiene el "gesto" de "aparentar que rinde cuentas" ante las Cortes Generales.

"Contrarrevolución"

El portavoz del PSOE en Justicia en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia ha reclamado el voto en contra de sus señorías "como medio de diferenciarse de la posición de quienes culminan un auténtico asalto político al Consejo y un grave ataque a la independencia judicial". De aprobarse la ley en estos términos, ha anunciado que ello aboca a su grupo "otra vez más" a ir al Tribunal Constitucional "en defensa de los ciudadanos".

Tras acusar a Gallardón de llevar a cabo "una verdadera contrarrevolución" que sobrepasa los límites constitucionales, ha citado varias cuestiones que chocan con el espíritu de la Carta Magna. Entre ellas, las competencias conferidas al nuevo vicepresidente del Supremo, el vaciamiento de funciones del Consejo, la creación de "vocales de primera y de segunda", la eliminación de mayorías cualificadas o la renovación "parcial" del órgano. "Prevé una forma de renovación que vulnera claramente las garantías constitucionales para asegurarse un Consejo con su sola mayoría de 3/5 en el Senado. Es una auténtica aberración jurídica, política y moral", ha agregado.

En su respuesta, el 'popular' Leopoldo Barrera ha aseverado que "algunos no acaban de aceptar que las mayorías de las Cámaras se conforman en virtud del número de escaños y no del número de discursos". "El único que intentó enterrar a Montesquieu fue Guerra", ha zanjado.

"Carácter amateur" y "opacidad"

El portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, ha acusado al PP de acometer "un asalto al CGPJ y ejercer una concentración obscena del poder" dotando a esta institución de un "carácter amateur" y una "opacidad" que tiene como objeto "no solo tutelar a los jueces, sino cercar e intimidar a los jueces incómodos para el Gobierno y el PP". Ante la tramitación de una "ley inaceptable" por su falta de diálogo y por su "flagrante inconstitucionalidad", Llamazares ha avanzado que se sumarán a todas las iniciativas que lleven la norma al Tribunal Constitucional. "Se convierte al CGPJ en una delegación del Ministerio de Justicia y en el Consejo General del Partido Popular", ha remachado.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha mostrado también su sorpresa por la ausencia de Gallardón después de que dedicara, a su juicio, "tanto trabajo por controlar el órgano de gobierno de los jueces. A su juicio, "no saca la mano del órgano de gobierno de los jueces ni muerto" pero eso sí no tiene el "gesto" de "aparentar que rinde cuentas" y escucha a las Cortes Generales. "¡Una vez que ha conseguido lo que quería para qué va a perder el tiempo!", ha exclamado Díez, para añadir que el ministro se marcó el reto de acabar con la lucha partidista en el Consejo cuando asumió el cargo -cuando apostaba por la elección de doce vocales por parte de los jueces- y ahora lo ha cumplido: "Se ha quedado el PP con todo".

Desde ERC, el diputado Joan Tardá ha estimado que esta "contrarreforma" forma parte de la estrategia del Gobierno, que "con las tropas de Wert, Soria, Báñez o Gallardón avanzan" para "desmontar" el Estado del bienestar y "deteriorar" la calidad democrática en un momento en el que afloran los casos de corrupción. "De tantas medallas, algún día el mariscal Gallardón se acabará cayendo del caballo", ha apostillado.

El parlamentario del PNV Emilio Olabarría ha llamado la atención sobre la ausencia del ministro de Justicia en esta "especie de tragicomedia" en la que se "amortiza" un órgano constitucional que ejerce las competencias gubernativas del Poder Judicial. En su opinión, las enmiendas introducidas en el Senado tienen una relevancia tan insignificante respecto a las competencias del CGPJ que "hay que analizarlas con microscopio".

Por su parte, la diputada de CiU Montserrat Surroca ha recriminado que los cambios introducidos en la Cámara Alta tampoco aportan "grandes" mejoras y ha aprovechado su intervención para reivindicar la creación de Consejos de Justicia autonómicos. A su juicio, el articulado "pone en cuestión la independencia del CGPJ y vacía de contenido el órgano de gobierno de los jueces a favor del Ministerio de Justicia", por lo que su grupo no lo apoyará.

El proyecto del Gobierno crea, entre otras medidas, una vicepresidencia en el Tribunal Supremo, resta poder a las asociaciones en la proposición de candidatos y limita la dedicación exclusiva de los vocales al presidente y a los otros cinco miembros de la Comisión Permanente.