El vigilante de las cámaras del Arena dice que no vio ninguna avalancha

El empleado de Seguriber Roberto Mateos, responsable del centro de control de cámaras del MadridArena, ha reconocido hoy que no sabía cuántos aparatos estaban en funcionamiento y ha asegurado que no vio ninguna avalancha el pasado 1 de noviembre.

Mateos ha comparecido como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, que investiga la muerte de cinco jóvenes a consecuencia de una estampida humana en el MadridArena. El operario de Seguriber ha mantenido que hacía "una vigilancia pasiva", ya que tenía que haber unas personas de Seguriber en el interior que le avisaran de lo que estaba pasando para que él enfocara con las cámaras, pero, como no había nadie de Seguriber dentro del recinto, su misión se limitó a comprobar que las cámaras estaban grabando.

Abdón Núñez, el letrado de la familia de Belén Langdon, una de las jóvenes fallecidas, ha considerado que es lamentable que la persona contratada por la empresa promotora de la fiesta, Diviertt, para ser "los ojos del evento" no viera las avalanchas. María José Siñeriz, la abogada de la familia de Cristina Arce, una de las víctimas, ha estimado que es increíble que haya que decirle a una persona que se dedica a controlar las cámaras cuántas estaban en funcionamiento, lo que, desde su punto de vista, demuestra que no cumplió con su función.

También ha declarado ante el juez durante aproximadamente una hora y media el cabo de la Policía Municipal Juan Pablo Hurtado, quien ha ratificado la declaración judicial de la jefa de la unidad encargada del operativo policial del MadridArena el 1 de noviembre y ha precisado que hubo hasta doce agentes en el evento, con lo que no hubo un cambio de nivel de riesgo de medio a alto.

Normalidad

Hurtado ha resaltado que la dotación policial era "insuficiente" para el evento, que, en su opinión, hubiera requerido entre treinta y cuarenta agentes, tal como ha explicado Núñez. El cabo ha corroborado que la noche de los hechos fue la primera vez que la Unidad de Moncloa-Aravaca asumía el dispositivo con motivo de un evento en el Madrid Arena, aunque desde entonces se ha encargado de ellos. En veintinueve años de servicio, Hurtado ha dicho que "jamás" ha visto un cambio de nivel de riesgo por teléfono, mientras que el letrado de la familia Langdon ha instado a la Policía a presentar un papel escrito que acredite el cambio de nivel.

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, ha manifestado que el cabo ha confirmado que la normalidad fue absoluta en el exterior del recinto, que no hubo "botellón" en el área que dominaban, que no hubo el menor conflicto en las entradas y que no se pidieron refuerzos durante el servicio porque no hicieron falta. El letrado del Consistorio madrileño ha censurado "la auditoría de gestión de la Policía Municipal" porque, a su juicio, supone "una pérdida de tiempo" y "un retraso" para concluir la investigación sobre las circunstancias de la muerte de cinco chicas.

Rodríguez Ramos se ha mostrado en contra de la apertura de una pieza separada para depurar las posibles responsabilidades penales de la cúpula de la Policía Municipal de Madrid por un presunto delito de falsedad documental en relación con los escritos sobre el nivel de riesgo de la fiesta del Arena. Al respecto, las acusaciones particulares han señalado que no deben estar siguiendo el camino equivocado cuando el juez y la Fiscalía han apoyado la apertura de una pieza separada para investigar a los mandos de la Policía Municipal.