El Gobierno vasco cuantifica en 94 los muertos por las Fuerzas de Seguridad

Un informe encargado por el Gobierno Vasco cuantifica en 1.004 personas las víctimas mortales por vulneraciones de derechos humanos entre 1960 y 2013, entre las que se incluyen 837 muertos por ETA, 94 por las Fuerzas de Seguridad del Estado y 73 por grupos parapoliciales y de extrema derecha.

El informe de Vulneración de Derechos Humanos ha sido elaborado por el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte; el profesor y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco de la etapa de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa; la jueza y asesora del anterior Ejecutivo socialista, Manuela Carmena, y el profesor de Derecho y exconcejal del PP Ramón Mugica.

El documento ha sido entregado hoy por sus autores al lehendakari, Iñigo Urkullu, quien en una comparecencia sin preguntas en la sede de la Presidencia vasca, en Vitoria, ha asegurado que el Gobierno Vasco asume la prioridad de garantizar la justicia, la verdad y la reparación a todas las víctimas de derechos humanos sin "equiparaciones ni discriminaciones".

El documento, que no incluye los nombres de las víctimas, cuantifica todas las vulneraciones de derechos humanos ocurridas desde 1960 hasta 2013 en Euskadi o fuera de la comunidad autónoma pero relacionadas con ella, desde asesinatos de ETA, hasta abusos policiales y acciones de "contraterrorismo" ilícitas.

Este informe es uno de los pilares del Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 presentado el pasado martes por el lehendakari y el texto será remitido al Parlamento Vasco.

De los 94 muertos a consecuencia de la acción de las FSE, el informe detalla que ha habido 9 fallecidos bajo custodia policial, 20 en controles policiales, 17 a causa de "confusiones, errores y abusos", 16 por altercados de policías fuera de servicio, 30 en manifestaciones y movilizaciones y 2 "por la pena capital".

3.700 heridos

Además de los 1.004 muertos cuantificados, el documento también recoge datos de más de 3.700 personas heridas como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos en dicho período.

Así, por la acción de la banda terrorista ETA se cuantifican entre 2.365 y 2.600 los heridos, a los que se suman 746 por las Fuerzas de Seguridad del Estado, y 426 por grupos parapoliciales y de extrema derecha como el Batallón Vasco Español, Triple A, Antiterrorismo ETA o el GAL.

El informe no incluye el número de personas que han denunciado torturas por las "dificultades" para investigarlas, aunque sus autores recomiendan hacer un estudio sobre la fiabilidad de esas denuncias.

Tampoco se menciona a las personas muertas por "suicidios, enfrentamientos, manipulación de armamento propio o disparos fortuitos entre cuerpos policiales", pero en las recomendaciones se insta a que se tenga en cuenta que 277 personas murieron por esas causas.

Así, se precisa que estos muertos no pueden considerarse en sentido estricto víctimas de vulneraciones de derechos humanos, pero estos casos forman parte de la "memoria de lo sucedido" y se destaca la necesidad de analizar y reconocer también esta realidad.

También recomienda que se clarifiquen los atentados de ETA no esclarecidos, la realidad y extensión de la extorsión económica por parte de la organización terrorista y el número de personas que abandonaron el País Vasco por la violencia de persecución.

Asimismo los autores del texto piden que se investiguen las violaciones de los derechos humanos no clarificadas y cometidas por las fuerzas del orden público o por grupos violentos.

"Primer microacuerdo"

El lehendakari ha destacado que el informe es un "primer microacuerdo" en el camino de la paz y la convivencia en Euskadi en el terreno del compromiso con los derechos humanos y ha agradecido la elaboración de un trabajo hecho "desde la primacía de los principios éticos y de la mirada limpia y serena que propone un futuro mejor".

Ha subrayado que el texto aporta datos que "acercan a la verdad de lo ocurrido" y que estos datos "veraces" no pueden hacer daño.

"Éste es un primer paso para identificar y corregir lagunas de reconocimiento y reparación a las víctimas", ha insistido Urkullu.

Por su parte, el obispo emérito de San Sebastián ha indicado que en el informe se ha procurado combinar la claridad y la delicadeza "evitando toda equiparación" y ha abogado por continuar por el camino hacia la paz y la reconciliación, una tarea "difícil pero ineludible".