El juez del 'caso Blesa' dice sufrir injerencias y presiones «de todo tipo»
Silva afirma que una posible querella de la Fiscalía en su contra «se estrellaría», y la advierte de que «no tiene el monopolio» normativo
MADRID Actualizado: GuardarPara algunos, genio y figura;_para otros, exceso de protagonismo. El juez Elpidio José Silva, que saltó a primera línea tras mandar a la cárcel al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa -primero bajo una fianza de 2,5 millones de euros, a mediados de mayo, y después de forma incondicional, la semana pasada, acusado de un presunto delito continuado de administración desleal y/o apropiación indebida-, denunció ayer estar sufriendo «todo tipo de presiones e injerencias» en su trabajo a raíz de tomar esas decisiones. Sin embargo, no precisó ni el origen ni el sentido de las mismas, y se limitó a añadir que han sido «muchas, algunas que no puedo ni contestar».
De forma inusitada, aprovechando las preguntas que la prensa le hizo tras pronunciar este jueves una conferencia sobre prevención del blanqueo de capitales organizada por la firma Iuris&Lex, el controvertido titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid denunció que, en su opinión, el principio de independencia judicial «no se está respetando en este caso». «He recibido presiones que no deberían haberse producido -se quejó de forma algo enigmática-, que son muy incómodas y que no tengo por qué tolerar».
«Estoy trabajando en unas condiciones bastante difíciles», abundó en su tesis, ante la cual fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultadas por este medio explicaron que si el juez Silva entiende que está sufriendo intromisiones en su trabajo o su faceta profesional debería denunciarlas ante el propio órgano de gobierno de la judicatura a fin de determinar cuál es su alcance y posible responsabilidad, e incluso estudiar si hay motivos para concederle amparo.
A este respecto, negó que tenga problemas con la Fiscalía, más allá de que «en el ámbito del derecho caben interpretaciones distintas de una misma norma». Eso sí, advirtió de que el Ministerio Público –que apoya a la defensa de Blesa para pedir su libertad– «muy difícilmente puede tener el monopolio interpretativo», al igual que “tampoco otros órganos dentro del Estado de Derecho en que vivimos”.
Juez vs Fiscalía
Esas divergencias, sin embargo, han llegado al punto de que la Fiscalía también respalda la recusación del juez -sobre la que él apuntó que «no debo ser apartado del caso» porque ni es subjetivo en sus actos ni tampoco «enemigo» de Blesa, aunque aclara que “esas cuestiones se deberán resolver en otra instancia (superior)- y está investigando si habría indicios suficientes para interponer una querella por prevaricación en su contra. «Si lo quiere hacer, no lo sé..., pero una querella contra mí se va a estrellar porque lo que estoy haciendo no se separa ni un milímetro de la legalidad vigente», apuntó. De hecho, considera que este tipo de iniciativas penales sería «otra injerencia».
«Tenéis que dejarme trabajar y confiar en mí», dijo Silva, quien sin entrar en detalles defendió que en las últimas semanas se habían reforzado «sustancialmente» los indicios que pesan en contra de Blesa por la compra sospechosa de un banco en Miami (en la que se perdieron, según el juez, “más de 500 millones de euros) y los créditos concedidos irregularmente al que fuera consejero de la caja y expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. «Pero eso no quiere decir que sea ya presunto culpable -precisó-, porque las personas son inocentes hasta que haya una sentencia firme en su contra».
En cuanto a las posibles irregularidades cometidas en la instrucción del caso, que harán que la Audiencia Provincial de Madrid delibere este viernes si anula parte de sus actuaciones a petición de la Fiscalía y de la defensa de Blesa, el juez Silva dijo que “el nivel de calidad me lo marco yo y soy muy exigente”. Tras compararse con un cirujano o un comandante de avión, “a quien se interrumpe en medio de una operación o un vuelo sólo para ver cómo va”, defendió su rechazó inicial a asumir esta polémica investigación: “entendí que era competencia de la Audiencia Nacional, pero luego (octubre de 2012) me la devolvieron y me puse a trabajar sin problemas”.