La Audiencia Nacional ve un fraude «orquestado» en la comercialización de las preferentes de Bankia

Los responsables de las siete cajas de ahorros finalmente integradas en Bankia urdieron un plan conjunto y "continuado en el tiempo" para "aparentar frente al mercado una situación de solvencia irreal", del cual resultaron víctimas propiciatorias "los más débiles": los clientes, los ahorradores y los pensionistas. De esta forma tan tajante justifica la Audiencia Nacional el inicio formal de un procedimiento penal contra aquellos por la comercialización presumiblemente fraudulenta de sus preferentes, unos productos financieros “complejos” que -según destaca en su resolución- fueron "artificialmente valorados" con el fin de contribuir al engaño referido en aras a facilitar la fusión de dichas entidades y su posterior salida a Bolsa, objetivos que se materializaron entre diciembre de 2010 y julio de 2011.

Será el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, quien tenga que incorporar esas pesquisas a la causa general contra los consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), dado que la Sección Tercera de lo Penal entiende que "el súbito deterioro patrimonial" que investiga aquel no fue ni imprevisto ni repentino, "sino la consecuencia de una previa actuación conjunta para sobrevalorar" con distintas estrategias (las preferentes eran una de ellas) "el valor de las cajas a fusionar". De esta forma, deberá admitir a nuevas acusaciones, aparte de las que ya ejercían el partido Unión Progreso y Democracia, el colectivo "#15mPaRato" y varios grupos de accionistas minoritarios de la entidad.

Con una firmeza inusual para este tipo de resoluciones -la Sala de lo Penal tenía que decidir sobre el recurso de una pequeña empresa valenciana para personarse como acusación particular en el 'caso Bankia'-, los magistrados dan por sentado que las siete cajas que se fusionaron urdieron, aprovechando la falta de transparencia, un mercado interno ficticio donde "manipularon de forma continua los precios de cotización". La consecuencia es que las preferentes que habían sido vendidas de forma "masiva" a los pequeños ahorradores y los clientes más modestos -en 2009 se hicieron emisiones de este tipo por valor de 13.553 millones de euros en toda la banca española, un 5.500% más que en 2008- tornaron en productos de "nulo valor financiero".

La clave de todo, a juicio de la Audiencia, es que "ante la imposibilidad de acudir a los mercados financieros", las siete cajas planearon y ejecutaron su "recapitalización fraudulenta y meramente formal", pues eran "gravemente deficitarias de inicio". La Sala advierte en este punto de que la recurrente, a la que Bankia obligó a suscribir preferentes para poder renovar una línea de crédito por valor de 100.000 euros -perdiendo finalmente toda su inversión sin que se le eximiera del pago de intereses-, es sólo "una más de los cientos de miles de perjudicados por las maniobras engañosas orquestadas desde la más alta dirección para la recapitalización de las entidades financieras a agrupar".

La CNMV fuera, por ahora

El siguiente paso en este caso será un auto del juez Andreu, donde imputará a los responsables de Bankia y el BFA también por la comercialización de preferentes -hablamos de presuntos delitos societarios, además de estafa, alteración del precio de las cosas y apropiación indebida, aunque no se descarta que más adelante se pueda añadir la coacción- y les citará a declarar sobre esos hechos. La duda es si en última instancia decidirá abrir una pieza con estas operaciones, como pretenden las acusaciones, a fin de no dilatar "durante años" en una 'macrocausa' las pesquisas sobre las irregularidades que rodearon la fusión y posterior salida a Bolsa, dado que se encuentran ya bastante avanzadas pendientes de varios informes periciales y otras pruebas.

Los que continúan al margen de la instrucción por ahora son tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pese a que se había pedido la imputación de sus anteriores máximos responsables ante su falta de control y cautelas para que las actuaciones relatadas, "con graves efectos para el sector financiero y el mercado bursátil", no se hubieran perpetrado. Los magistrados entienden que no hay indicios suficientes contra ellos, "sin perjuicio de que el desarrollo futuro de la investigación pudiera afectar" a miembros de dichas instituciones. No olvidemos que una hipotética condena penal a alguno de ellos supondría declarar la responsabilidad civil del Estado y, con ello, el resarcimiento asegurado para todos los que fueran declarados perjudicados en la sentencia.