Las prórrogas que nos ha dado Europa

No es la primera vez que el Estado español obtiene de los socios comunitarios un aplazamiento de los compromisos de disciplina presupuestaria a lo largo de esta profunda crisis. Hay que remontarse al 24 marzo de 2009 para encontrar la moratoria inicial. En esa fecha, la Comisión Europea amplió un año, hasta 2012, el plazo de España para reducir su déficit hasta el 3% del PIB y abrió la puerta a que los números rojos se limitaran al 6% en 2011. Al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero esos porcentajes le parecieron «asumibles», pese a que el impacto de la crisis ya hacía mella en las cuentas públicas.

En la dramática madrugada del 9 al 10 de mayo de 2010 el Ejecutivo socialista se vio forzado por los socios europeos y otras altas autoridades mundiales a reducir el sueldo de los empleados públicos y a congelar de la mayor parte de las pensiones, excepto las mínimas, entre otras medidas de fuerte impacto social. Estos ajustes no obraron el milagro. El desequilibrio entre ingresos y gastos de las administraciones públicas trepó hasta el 8,9% del PIB en 2011.

El adelanto electoral decidido por el dirigente socialista dejó a España sin nuevos Presupuestos del Estado en el otoño de aquel año. Y un Mariano Rajoy envalentonado por la mayoría absoluta alcanzada en las urnas anunció el 2 marzo de 2012 que el objetivo de déficit para ese año iba a ser el 5,8%, punto y medio por encima del 4,4% comprometido con la UE. Aunque lo fundamentó en una «decisión soberana», Bruselas recortó entonces sus aspiraciones para dejarlas en el 5,3% del PIB.

Pronto se reveló la insuficiencia de esa cifra. A pesar de que Rajoy empezó a incumplir, uno tras otro, los compromisos del programa con el que había ganado los comicios, y subió impuestos y ajustó gastos, en su camino se cruzaron imprevistos de tal calado como los sucesivos rescates de países vulnerables y la crisis de la deuda soberana que disparó los costes financieros en España e Italia. Vino después el estallido de la burbuja inmobiliaria, la urgencia de la reconversión bancaria y el retorno a la recesión, no ya en España, sino en toda Europa.

El 9 julio de 2012 los socios europeos accedieron a dar a España un año más para rebajar el déficit hasta menos del 3% en 2014. Bruselas impuso alcanzar en el pasado ejercicio el 6,3%, sin contar el impacto de la reestructuración bancaria. El déficit debía limitarse al 4,5% en 2013 para quedar en el 3% en 2014. La nueva concesión, que prolonga este horizonte dos años, es, incluso, algo más generosa de lo solicitado. Para este año se impone que los números rojos de las administraciones públicas se limiten al 6,5% del Producto Interior Bruto y solo se exige llegar al 2,8% de esa magnitud en 2016.