La Agencia Tributaria descarta acusar de fraude a la infanta
Las declaraciones de la hija del Rey desvelan que tributó regularmente todos y cada uno de sus ingresos de La Caixa y de la asignación del Rey
MADRID Actualizado: GuardarSalvo sorpresa mayúscula de última hora, Cristina de Borbón no hará el paseíllo en los juzgados de Palma. No, al menos, como imputada. La Agencia Tributaria no va a acusar a la infanta de delito fiscal, tal y como sugirió la Audiencia Provincial de la capital balear. El estudio pormenorizado de las diez últimas declaraciones de la hija menor del Rey no ha descubierto ni una sola irregularidad, según han revelado diversas fuentes del caso. A diferencia de su esposo, Cristina de Borbón tributó religiosamente todos sus ingresos, tanto los de su trabajo en la Fundación de La Caixa como el dinero que hasta hace meses recibía de Zarzuela como asignación por participar en actos en representación de la familia real.
Según sus declaraciones de 2002 a 2010, la infanta fue pagando cada vez más impuestos, según aumentaban sus ingresos. Una entrada de dinero que varió de algo menos 225.000 euros en 2002, cuando su sueldo de La Caixa rondaba los 150.000 euros y la asignación real los 75.000, a los más de 310.000 euros que ingresó en 2009.
A la vista de estas declaraciones, la Agencia Tributaria cree imposible imputar a Cristina de Borbón el delito fiscal a medias con su marido. Una posición que comparte Anticorrupción, que nunca acusa de fraude al fisco sin denuncia previa de Hacienda. La tesis que comparten Hacienda y Fiscalía es que sí que hubo un fraude y que éste se cometió a través de Aizoon en los ejercicios 2007 y 2008. Pero ese delito (el de rebajar el tipo impositivo por declarar como impuesto de sociedades y no por IRFP los trabajos de Urdangarin para Motorpress Iberica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde) lo cometió exclusivamente el duque.
Queda por ver si los argumentos de Hacienda y Anticorrupción a la vista de las declaraciones 'limpias' de la infanta convencen al juez del caso, que hasta ahora se había mostrado más receptivo a las tesis de la Audiencia Provincial de Palma de que la duquesa fue consciente desde el inicio que la empresa no era otra cosa que una sociedad para defraudar y que los empleados que tuvo jamás hicieron ni trabajos inmobiliarios ni de asesoría.