Los pueblos de menos de 5.000 habitantes, serán los perjudicados./ Archivo
reforma local

El 92% de los municipios de menos de 5.000 habitantes perderán la gestión de sus servicios

El Gobierno anuncia que la norma entrará en vigor el 1 de enero y las diputaciones asumirán esas competencias

MADRID Actualizado: Guardar
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El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que el Gobierno presentará este martes a la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP), propiciará que el 92,1% de los 6.797 ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes perderán la gestión de sus servicios básicos que prestan a sus ciudadanos: residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

Estos 6.260 consistorios intervenidos, que suponen el 77% del total de municipios de España, cederá estas competencias a las diputaciones provinciales a partir del 1 de enero de 2014. Fuentes del Ministerio de Hacienda han justificado esta drástica decisión en la "ineficiencia" de estos ayuntamientos que, según los cálculos del Ministerio, pagan hasta tres veces más por un mismo servicio que un municipio de más de 100.000 habitantes. Para hacer esta comparativa, el departamento que preside Cristóbal Montoro, ha utilizado el denominado "coste estándar". En concreto, los ayuntamientos de más de cien mil habitantes pagan 445,44 euros de media por habitante el conjunto de estos servicios, mientras que los de menos 5.000 vecinos gasta 1.219,98 euros.

Las diputaciones, además de prestar el servicio, serán las encargadas de cobrar las tasas a los ciudadanos, "que serán menores de las que abonan en la actualidad", según un portavoz del Ministerio.

Los ayuntamientos podrán recuperar la gestión de estas prestaciones en un plazo de cinco años, siempre que presenten un plan de viabilidad que incluya un aumento de los ingresos y un recorte de sus gastos. El Gobierno confía que "muchos" de los ayuntamientos que serán intervenidos puedan revertir la situación en los siete meses que restan para finalizar el año.