'The Patriot Act', doce años después

“La Casa Blanca no tenía conocimiento alguno antes de lo publicado hoy sobre la intención del Departamento de Justicia de obtener información con escuchas telefónicas a AP”, dijo hace unas horas el portavoz del presidente Obama, Jay Carney.

Y tal vez no mienta en la literalidad: es posible que Eric Holder, ministro de Justicia (Fiscal General en la nomenclatura oficial de la Administración), a petición de los servicios anti-terroristas obtuviera sin publicidad alguna los exigidos mandamientos judiciales para pinchar veinte líneas telefónicas en tres oficinas centrales de Associated Press, la centenaria y acreditada agencia de noticias, uno de los gigantes mundiales en el ramo.

Si la explicación se confirma, alguien podría pensar que el asunto, formalmente legal en primera instancia, no tendría más recorrido, pero no será así porque es un terreno muy resbaladizo, la libertad de obtener y distribuir información sin temor está muy arraigada y provee munición a los liberales estilo ACLU (Unión Americana por las Libertades Civiles) y al partido republicano, en la oposición y en procura de cualquier posibilidad para desacreditar al presidente.

Los hechos y el contexto

Lo sabido se ha sabido porque el presidente de AP, Gary Pruitt, escribió una carta al ministro Holder quejándose amargamente de lo sucedido. Su lectura atenta da, sin embargo, una primera pista de lo más o menos relevante que puede resultar el episodio.

Pruitt, sin duda bien asesorado, asume indirectamente el derecho del ejecutivo a escuchar conversaciones en el marco de la vigente Ley anti-terrorista, y su tono solo es muy severo cuando dice que la operación, de dos meses, da a quien no puede exigirla información sensible sobre modos de trabajo, fuentes de información y otros asuntos reservados de la agencia que el gobierno “no tiene el derecho a conocer”.

La carta, sin recordarlo expresamente pero situando el episodio en abril y mayo del año pasado, reconoce que la intervención de los teléfonos de sus periodistas era parte no exactamente de una operación anti-terrorista (de la que en gran exclusiva había informado AP), sino del esfuerzo del gobierno por saber quién o quiénes en el gobierno la habían pasado a la prensa. Esta dimensión cambia algo las cosas incluso en el registro moral: el gobierno, de hecho, había pactado con la agencia que demorara unos días la difusión de su informe, algo que no es infrecuente en la relación con los medios, allí y en medio mundo, y su preocupación era descubrir al funcionario infiel.

El escenario político

Es muy útil recordar aquí dos hechos: a) la información finalmente difundida lo fue el siete de mayo del año pasado, es decir, solo cinco días después del primer aniversario de la muerte de Bin Laden, que terroristas de la rama yemení de al-Qaeda querían recordar enviando un avión-bomba desde Sanaa a los Estados Unidos, lo que la CIA pudo evitar; irritó al gobierno ver el asunto en los medios con todo detalle; b) así lo confirmó el hoy director de la CIA, John Brennan, quien cuando se sometió en febrero al preceptivo examen de aprobación en el Senado confirmó que, en efecto, el FBI le había interrogado en su día sobre si él (entonces asesor-jefe de Obama en anti-terrorismo) había sido la fuente, lo que negó.

La importancia y el lado del poliedro que cada parte percibe como lo relevante del asunto son propios de una historia que mezcla las necesidades de la seguridad nacional, la legalidad, la confianza, el humor del público y… la política pura y dura. Obama tiene dificultades ahora (el asunto de la embajada en Libia, una encuesta sobre el Tea Party, que no cabe aquí, la reforma de la inmigración, afectada por las bombas de Boston, el desafío chino…) y la oposición republicana va a aprovechar el incidente en la mejor tradición. En la peor de las hipótesis, y no parece verosímil a día de hoy, le costaría la dimisión al Fiscal general.

En el escenario político general, en fin, se puede añadir que el gobierno de Obama, como el de Bush, o su legislación anti-terrorista si se prefiere, tiene el apoyo del público, que, conmocionado por el 11 de septiembre, apoyó la durísima legislación de Bush, de octubre de 2001, prorrogada cinco años después… y vuelta a prorrogar por Obama en febrero de 2010 a falta de cosa mejor. La “Patriot Act” dio gran eficiencia adicional a la Seguridad del Estado y alas a los funcionarios a cargo de la misma. Nunca se reconocerá, pero pinchar los teléfonos a una gran y honorable agencia de noticias en su nombre no es una buena noticia…