La banca acepta financiar con otros 55 millones a Pescanova «solo para pagos corrientes»

La banca española acreedora de Pescanova, a la que según cálculos oficiosos se le deberían más de 3.000 millones de euros, ha aceptado conceder una nueva línea de financiación a la multinacional pesquera, que se aproximaría a los 55 millones, aunque el acuerdo todavía no ha sido firmado y, en todo caso, el dinero sería “solo para cubrir pagos corrientes (nominas, proveedores, etcétera)”. Según fuentes financieras, la negociación está ya casi ultimada tras la reunión mantenida este lunes con el administrador concursal de la empresa, Deloitte, nombrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a instancias del juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra.

Durante el encuentro, en el que se acercaron mucho las posturas con las entidades financieras españolas –la rúbrica final está pendiente de “cerrar algunos flecos”, precisaron las fuentes citadas-, los representantes de Deloitte insistieron a los miembros del ‘steering committee’ (el comité que representa a todo la banca acreedora) en la necesidad de agilizar ese nuevos créditos para evitar que la empresa entre en quiebra técnica, ante la imposibilidad de lograr liquidez con la que hacer frente a pagos de personal y también de proveedores. Lo mismo se puede predicar de sus filiales en Latinoamérica y África, pues el administrador pretendía dedicar buena parte del dinero solicitado a cubrir los desembolsos más acuciantes de aquellas, lo cual podrá hacer solo si son pagos a trabajadores o por operaciones comerciales corrientes.

Precisamente la actividad de Pescanova en países como Venezuela, Argentina, Sudáfrica, Mauritania o Angola ha traído sorpresas negativas sobre las cuentas del grupo, al descubrirse que la lista de bancos acreedores supera el centenar (más de 110), duplicando así con creces las 45 entidades que oficialmente figuraban en los balances de la sociedad a finales del año pasado. Dicha circunstancia ha dificultado la posibilidad de cualquier acuerdo sobre la deuda pendiente. Y es que mientras las firmas extranjeras no quieren aportar nuevos fondos e incluso aceptarían una quita importante con tal de recuperar parte de la inversión con la liquidación de los activos de la compañía, las nacionales creen que aún podría ser viable con una buena reestructuración dada su importante cartera comercial.

Aportaciones periódicas

Precisamente serán los bancos españoles a los que la multinacional debe más dinero –Sabadell (con más de 220 millones de euros tras la absorción de la CAM), Popular (165), NCG Banco (161), Caixabank (157), Deutsche Bank (130) y Bankia (127)- los que sufragarán el nuevo crédito de forma proporcional a la deuda contraída, siendo el citado banco germano casi la única excepción dentro del ‘no’ generalizado de las firmas extranjeras. Eso sí, los acreedores han exigido a Deloitte información “actualizada y frecuente” sobre la marcha de la entidad –al descubrir que en los últimos años se han ocultado pérdidas y también inflado ingresos con el fin de simular beneficios ficticios-, amén de que la nueva aportación financiera figure en primer lugar en la prelación de deudas a la hora del cobro. Asimismo, los 55 millones no se prestarían de una sola vez, sino que se irían dando en forma de aportaciones periódicas para ir cubriendo los pagos más urgentes.

Mientras tanto, el trabajo del los auditores (KPMG por parte de la propia Pescanova y el despacho de abogados Freshfields por la banca) continúa y no se esperan resultados oficiales hasta finales de julio. Los cálculos con los que están trabajando sitúan la deuda bancaria del grupo en cerca de 3.200 millones, de los que 1.900 corresponderían a la matriz y cerca de 660 a las sociedades participadas por Pescanova en otros países, quedando el resto en manos de las filiales directas. Asimismo, habría que considerar también otros 375 millones en emisiones de bonos, si bien alrededor de 200 millones están cubiertos por depósitos A la suma global habría que añadir, además, las cantidades pendientes con la Administración (impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social) y la parte de la deuda comercial no intermediada por bancos.