Escaladores profesionales, bomberos, policías... el brazo activo de Greenpeace

No hay duda de que entre las campañas más impactantes que lleva a cabo Greenpeace se encuentran las destinadas a proteger el medioambiente marino, con carreras frenéticas en lanchas motoras e imágenes ya históricas de activistas tratando de interponer sus barcas y sus cuerpos ante los arpones de los barcos balleneros para proteger a los cetáceos. Sus espectaculares campañas son su seña de identidad y las aplican en los más de 40 países en los que tienen presencia, aunque adaptadas a su entorno.

En España, a falta de mares plagados de piratas balleneros, la organización ha fijado su mirada en las fachadas de edificios emblemáticos como el Congreso, donde este jueves se han encaramado a los tejados varios activistas para denunciar la nueva Ley de Costas aprobada el jueves. Vestidos con monos naranjas, los activistas llegaron esta mañana en una furgoneta hasta las inmediaciones, se bajaron rápidamente y, tras dividirse en dos grupos, trataron de escalar los andamios que cubren la fachada trasera del Congreso, en obras, mientras el segundo grupo lo intentó por los andamios de la fachada principal. Al menos tres activistas consiguieron sortear la presencia policial y saltaron la valla que rodea el edificio, mientras que uno de ellos logró colgarse del frontispicio de la fachada, donde desplegó una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa". Ocho miembros de la organización han resultado detenidos y acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado que, según recoge el Código Penal en su artículo 493, podría acarrear una pena de hasta cinco años de cárcel.

Son acciones llamativas por su espectacularidad, a veces polémicas y siempre arriesgadas. Por ello cuentan con medidas de seguridad y son llevadas a cabo por profesionales preparados para este tipo de acciones. "Son voluntarios de la organización y entre ellos hay de todo, desde escaladores profesionales hasta bomberos o miembros de las fuerzas de seguridad", explica Pilar Marcos, responsable de la campaña contra la nueva Ley de Costas. "Para la acción iban preparados con arneses y cabos, siempre se tiene muy en cuenta la seguridad", afirma.

Para Marcos, la acción supone el "broche" a más de un año de acciones de protesta para parar una Ley de Costas que "atenta contra los derechos de los ciudadanos" y que "va a dar carpetazo a 25 años de protección". "Aunque la Ley de 1988 no era perfecta, ahora será mucho peor. Han convertido la costa de un sitio a proteger a un sitio a explotar y que regala el litoral a intereses privados concretos que aparecen en los papeles de Bárcenas".

Sobre la Puerta de Alcalá

Con presencia en 43 países y más de tres millones de socios alrededor del mundo, Greenpeace busca con sus campañas recabar notoriedad en los medios de comunicación. Estas son algunas de las últimas acciones llevadas a cabo por la organización en España:

En noviembre del año pasado, dos activistas de Greenpeace se descolgaron de la fachada de la tienda de la marca Zara en la madrileña calle de Princesa para protestar por "el uso de productos químicos tóxicos" en sus prendas de vestir. Unos meses antes, en junio de 2012, varios activistas sobrevolaron la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, donde depositaron botes de humo con el objetivo de demostrar la "falta de seguridad" de esta instalación. Un año antes, en septiembre de 2011, una docena de activistas tomó al asalto el hotel construido apenas a unos metros del mar en la playa de El Algarrobico, situado en el Parque Natural del Cabo de Gata, para exigir su demolición. En febrero de ese mismo año, varios miembros de la organización se encaramaron a la Puerta de Alcalá madrileña para exigir a la UE un 30% de reducción de CO2.

En mayo de 2010, una docena de activistas se colgaron de la fachada de la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en Madrid para rebautizarlo como "Ministerio del Cementerio Nuclear de Industria, Turismo y Comercio", taladrando la fachada con letras nuevas y un escudo nuclear. En abril de 2010 habían 'tomado' el Ministerio de Medio Ambiente colgándose con cuerdas de escalada de las rejas de las puertas del departamento que dirigía Elena Espinosa para exigir la prohibición del cultivo de maíz transgénico en el país.