El Gobierno pospone la aprobación de la 'Ley Wert' a la espera de la memoria económica

Una carrera llena de obstáculos. Más de los previstos e incluso de quienes no se esperaban. Así podría resumirse el tortuoso proceso de elaboración de la reforma educativa del Gobierno. Y es que el todavía anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que abandera el ministro José Ignacio Wert se ha enfrentado a una amplia contestación de los agentes educativos -como ejemplo la huelga general de este jueves secundada por primera vez por profesores, alumnos y padres- a las críticas de la oposición política, de la institucional -véase el choque con la Generalitat por el castellano en las aulas- y sortear incluso las dudas procedentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP temerosas del coste que deberán asumir por implantar una reforma en tiempos de control del déficit.

Ante tantas críticas y dificultades, el ministerio ha decidido aplazar su aprobación, que estaba prevista para el consejo de ministros de hoy, hasta poder solventar todos los problemas. "Es una ley muy importante y tiene que ir al Consejo de Ministros de manera perfecta", aseguran. Uno de los principales quebraderos de cabeza tiene que ver con la memoria económica. Y es que las comunidades autonómicas temen que la implantación de la Lomce suponga un desembolso que les descuadre las diezmadas cuentas.

Según contempla la memoria económica el Ejecutivo asumirá el cien por cien de los costes directos de la Lomce (por ejemplo, evaluaciones a final de cada etapa). Sin embargo, los costes indirectos, es decir, aquellos derivados del refuerzo de la FP -6.000 euros de media por alumno y curso- o de los dos itinerarios en 4ºESO serán financiados por las comunidades autónomas. Según el ministerio, supondrían 334 millones, que podrían elevarse hasta los 927 millones en el escenario más optimista. Las cifras dependerían del número del número de alumnos que engrosaran las filas de la FP. En cualquier caso, las comunidades -incluidas las del PP- verían con buenos ojos que el Estado asumiera también parte de esos costes indirectos.

Así las cosas el Gobierno estaría dispuesto a retrasar su aprobación con el afán de lograr un mayor consenso de la comunidad educativa, según fuentes del ministerio de Educación. Esto no significa que la Lomce sufra cambios en sus pilares fundamentales (adelanto de itinerarios, alternativa de Religión o reválidas), pero sí en aspectos técnicos señalados por el Consejo de Estado en su dictamen. Especialmente en lo referido al uso del castellano en las aulas.

La Generalitat considera que la normativa supone un «ataque» al catalán y al modelo de inmersión lingüística vigente en la comunidad. Desde el propio PP catalán, conscientes de la sensibilidad del asunto en Cataluña, mostraron su enfado por no ser consultados sobre este aspecto y presentaron algunas fórmulas para "un modelo de bilingüismo integrador", según la propia Alicia Sánchez-Camacho, que no prosperaron en el borrador de la Lomce. La medida que más polémica ha suscitado tiene que ver con que el hecho de que sea la administración autonómica la que financie la escolarización en un centro privado de un alumno que solicite el castellano como lengua vehicular si no puede hacerlo en uno público. El Consejo de Estado considera que este punto, que soliviantó a la Generalitat, «no debería constar en la ley» por la dificultad «técnico-jurídica» de su aplicación y por la invasión de competencias. «Afecta al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia», aseguran.

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ya aseguró que la Lomce solo hace cumplir las resoluciones de los tribunales y garantizar el derecho de los alumnos de estudiar en castellano si así lo desean. Sin embargo, reconoció que estudiarían nuevas fórmulas para hacerlo cumplir. Y es que el Gobierno no puede arriesgarse a que el Tribunal Constitucional en un futuro recurso revoque parte de la ley.

Retraso en la aplicación

"El ministro anunció en junio de 2012 que la ley se aprobaría en diciembre de ese año. Ocho huelgas educativas, dos huelgas de profesores y una general después, estamos en mayo de 2013 y todavía no se ha aprobado", expresó este jueves el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, poniendo el dedo en la herida. Y es que el lento proceso prelegislativo ha hecho que el Gobierno reconozca que la reforma no se aplicará hasta el curso 2014-15 o incluso en el 2015-16.

Y para lograr una paralización total de la Lomce la 'marea verde' volvió a ocupar las calles de las principales ciudades del país para protestar por la reforma educativa y los recortes del Gobierno. Las manifestaciones eran el punto final a una jornada revivindicativa. «La educación de este país está paralizada, desde la etapa infantil hasta la universidad como consecuencia de la acción concertada de profesores, padres y alumnos», ha asegurado el responsable de Educación en CC OO, Paco García. Y es que según los datos de la plataforma convocante el seguimiento de la huelga es del 72% entre los docentes y 90% de los estudiantes. Una cifra rebajada considerablemente desde el Ministerio de Educación a menos de un 20%. «El ministro sabía que esta huelga iba a ser un éxito, ha tratado de desmovilizar y no lo ha conseguido», ha señalado el portavoz de Ceapa, José Luis Pazos, quien ha invitado al ministro José Ignacio Wert a «retirar la reforma» y «marcharse».

En cualquier caso, desde la plataforma convocante consideran que la jornada de huelga de hoy es un "éxito" que hará reflexionar al Gobierno. Todos los agentes educativos se han sumado a la convocatoria salvo los sindicatos Anpe y CSIF. Pero si la Lomce es finalmente aprobada, ya han anunciado que continuarán con las movilizaciones y protestas en el futuro. Sin embargo, el Ministerio se mantiene firme en sus posiciones, considera que la huelga es "ideológica", alega que se trata de la reforma más dialogada y que todavía habrá tiempo de para cambios en el trámite parlamentario