Nueva York demanda a Bank of America y Wells Fargo

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, ha anunciado que demandará a Bank of America y Wells Fargo al considerar que violaron los términos del Acuerdo Nacional Hipotecario alcanzado en 2012 entre algunos de los mayores bancos de EE UU. y 49 fiscales generales. Schneiderman ha indicado en un comunicado que desde octubre pasado ha documentado 339 violaciones de ese acuerdo por parte de ambos bancos.

Como parte del acuerdo de 2012 anunciado en febrero, los cinco principales proveedores de productos hipotecarios en EE UU (Ally Financial, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo) acordaron pagar una multa de 25.000 millones de dólares por violar la ley en la forma de gestionar los préstamos hipotecarios.

Esas cinco entidades "están legalmente obligadas a tomar medidas específicas y rigurosas, y pasos evaluables legalmente para proteger a los propietarios de viviendas", ha afirmado Schneiderman en una conferencia de prensa. "Wells Fargo y Bank of America han violado flagrantemente las obligaciones, colocando a cientos de propietarios de Nueva York en mayor riesgo de ejecución hipotecaria", ha añadido el fiscal general del Estado.

El acuerdo del año pasado, con las obligaciones pactadas, se cerró porque las autoridades de los Estados de EE UU consideraban que esos bancos actuaban de forma abusiva en la interpretación de algunas cláusulas de los préstamos hipotecarios para lograr el desahucio de los dueños de las viviendas.

En la conferencia de prensa de Schneiderman han participado también organizaciones de defensa legal de los propietarios de viviendas y algunos ciudadanos que corren el riesgo de perder sus casas debido a la actuación de esos dos bancos.

El fiscal general neoyorquino ha explicado que ha escrito a los miembros de la Comisión de Seguimiento del acuerdo y al responsable de ese comité, Joseph Smith, para notificarles su intención de presentar una demanda legal contra las dos entidades si no actúan. Scheniderman ha detallado que tiene intención de pedir a un tribunal que imponga una medida cautelar y exigir el cumplimiento estricto del acuerdo de 2012.