El Supremo avala la legalidad de la partida para gastos que reciben los diputados

El Tribunal Supremo avaló hoy la legalidad de la indemnización para gastos en el ejercicio de la función parlamentaria que el Congreso paga a los diputados y, en concreto, no ve delito alguno en el hecho de que unos 60 diputados elegidos en circunscripciones distintas a Madrid cobren por este concepto 1.823,26 euros al mes pese a contar con vivienda propia en la capital de España.

El alto tribunal, por este motivo y por unanimidad, ordenó el archivo de la querella presentada por el movimiento Democracia Real Ya, uno de los embriones del 15M, contra Mariano Rajoy, cuatro de sus ministros, Cristóbal Montoro, Fátima Báñez, Jorge Fernández Díaz y Ana Pastor, y otros 58 diputados, a los que acusaba de los delitos de malversación de caudales públicos o apropiación indebida por el cobro de la indemnización pese a disponer de residencia en Madrid.

Los magistrados explican que, según la información que les ha hecho llegar el Congreso, la indemnización para el ejercicio de la función de diputado, de 1.823,26 euros para los de fuera de Madrid y de 870,56 euros para el resto, es una partida fija y global aprobada en 2006 por la Mesa de la cámara, sin finalidad específica y de la que no hay que justificar la forma en que se gasta. De esta manera, entienden que el complemento ni está destinado solo al pago del alojamiento ni hace distingo alguno entre los que tienen o no tienen casa en la capital.

Por este motivo, añaden que "tal y como está regulado 'de facto' el régimen aplicable a la partida" los diputados pueden dar el uso que crean conveniente a este dinero y en ningún caso malversan fondos por haber sido elegidos en otras provincias y disponer o no de casa propia en Madrid. Sobre el hecho de que algún diputado disconforme con la recepción del sobresueldo pese a disponer de casa en Madrid haya destinado los casi mil euros de diferencia a una ONG, el tribunal concluye que "esto entra dentro del capítulo de la situación particular de cada sujeto y de su ética personal, aspectos en que la jurisdicción penal es claro que no debe entrar".

El auto de archivo se conoció el día anterior a que la plataforma ¡En pie! haya llamado a "asediar" el jueves a partir de las cinco de la tarde, el Congreso y sus alrededores de manera indefinida para reclamar la dimisión del Gobierno y la disolución del Parlamento y la Jefatura del Estado, así como el inicio de un período constituyente. Esta movilización ante el Congreso, la octava desde septiembre del año pasado, que será vigilada por más de un millar de antidisturbios, no cuenta en esta ocasión con el apoyo de Democracia Real Ya, de Acampada Sol o de la plataforma 'Stop Desahucios', que se han desmarcado de la convocatoria.